Boletín nº 247 (29-12-2012)

V. Administración Local

Diputación de Córdoba

Nº. 8.617/2012

En el Boletín Oficial de la Provincia número 219, de 16 de noviembre de 2012, fue insertado el anuncio nº 7.491, exponiendo al público a efectos de reclamaciones, de la aprobación provisional de diversos acuerdos relacionados con la propuesta de modificación de Ordenanza Fiscales y de precios públicos de la Diputación de Córdoba para el ejercicio 2013, entre ellos, los relacionados a continuación:

--Modificación de la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba.

--Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por obtención de copias de expedientes tributarios.

--Modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aquellos servicios de no recepción obligatoria, en el ámbito de la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos o municipales en la provincia de Córdoba.

Derogación de las Ordenanzas que se relacionan a continuación:

Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación del servicio supramunicipal de gestión del ciclo integral hidráulico en la provincia de Córdoba.

Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación del servicio supramunicipal para la fase en alta del abastecimiento de agua a los municipios de la provincia de Córdoba.

Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación del servicio supramunicipal de depuración de aguas residuales en la provincia de Córdoba.

Ordenanza provincial reguladora precio público para la prestación del servicio de control de calidad de las aguas potables.

--Establecimiento de las tasas por la prestación de los servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo integral hidráulico en la provincia de Córdoba y la aprobación de su Ordenanza fiscal reguladora.

--Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

--Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por autorizaciones y permisos para obras o servicios comprendidos en la zona de afectación de las carreteras provinciales.

--Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento de la zona de dominio público de las carreteras provinciales.

Estos acuerdos fueron adoptados inicialmente por el Pleno de esta Diputación en Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2012. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sin que se hayan presentado reclamaciones a los acuerdos citados, conforme a lo establecido en el artículo 17.3 del citado Texto Refundido, estos acuerdos quedan adoptados definitivamente, por lo que a continuación se inserta el texto íntegro de cada una de las Ordenanzas afectadas, conforme dispone el artículo 17.4 del mismo Texto Refundido y el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

"ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.- En ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Diputación Provincial de Córdoba ha acordado aprobar la presente Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba, cuyas normas contienen los principios básicos y comunes de aplicación para todos los ingresos de derecho público provinciales, formando parte integrante de sus respectivas ordenanzas particulares.

Artículo 2.- La presente Ordenanza, será de aplicación en el ejercicio de las facultades que con relación a sus ingresos de derecho público, hubieran delegado en la Diputación Provincial otros entes locales de la provincia de Córdoba. Así mismo, también se aplicará en el ejercicio de las funciones recaudatorias asumidas mediante convenio con otras Entidades de derecho público, en todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el mismo.

Artículo 3.- 1. La gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, se regirá:

a) Por la Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como por las disposiciones dictadas para su desarrollo, en todo aquello que no sea de aplicación supletoria por disponerlo así de forma expresa la referida norma.

b) Por las leyes que dicte la Comunidad Autónoma de Andalucía en los supuestos expresamente previstos por la legislación del Estado.

c) Por las Ordenanzas reguladoras de cada ingreso público.

d) Por la presente Ordenanza General.

2. Corresponderá a la Presidencia de Diputación, dictar las disposiciones interpretativas y aclaratorias que fueran necesarias, así como las Instrucciones de desarrollo que se consideren precisas para posibilitar la correcta aplicación de la presente Ordenanza General.

3. La Presidencia de Diputación podrá delegar el ejercicio de las competencias reguladas en esta Ordenanza, salvo en los supuestos en que legalmente estuviera prohibido.

Artículo 4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, las normas contenidas en la presente Ordenanza General que hacen referencia a los tributos, deberán entenderse aplicables siempre que fuere posible a cualquier otro ingreso de Derecho público.

Artículo 5.- Para el ejercicio de las funciones reguladas en la presente Ordenanza, la Diputación de Córdoba ha creado el Organismo Autónomo de carácter administrativo denominado Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (en adelante Organismo), al que se le confieren todas las prerrogativas establecidas en la legislación vigente para la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos que se le encomienden.

Artículo 6.- Con carácter general, la gestión, inspección y recaudación de todos los ingresos de Derecho público provinciales, deberá llevarse a cabo por el Organismo Autónomo creado al efecto. No obstante lo anterior, excepcionalmente, previa acreditación de las razones de carácter operativo y eficiencia procedimental que lo justifiquen, podrá acordarse por el Pleno de la Diputación de forma expresa, que las referidas funciones puedan ejercerse directamente por los servicios de la propia Diputación.

Como aportación económica para el sostenimiento del servicio, la Diputación provincial autoriza al Organismo, para que detraiga mediante el correspondiente descuento en las liquidaciones periódicas de ingresos que debe efectuar, el 3 por 100 de los importes recaudados en concepto de principal de las deudas provinciales y el 100 por 100 de los ingresos realizados en concepto de recargo ejecutivo durante el procedimiento de apremio.

Las competencias asignadas en la presente Ordenanza a los órganos del Organismo Autónomo, deberán entenderse referidas a los órganos que corresponda de la Diputación según su régimen orgánico, cuando las competencias sean ejercidas directamente por la misma.

Artículo 7.- En orden a cumplir con el principio de eficacia que debe inspirar la actuación administrativa, el Organismo Autónomo empleará todos los recursos disponibles por la informática y las telecomunicaciones al servicio de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos. En consecuencia, se exigirá siempre que fuera posible, la utilización de los aplicativos informáticos de gestión necesarios para conseguir:

a) La automatización de los procedimientos administrativos, agilizando la producción de actos jurídicos y su comunicación a los interesados.

b) La implantación de la firma electrónica para todos los documentos generados por medios informáticos, garantizando la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.

c) Posibilitar el archivo y reproducción en formato digital de la documentación producida por medios informáticos o que siendo generada por procedimientos tradicionales posteriormente pudiera ser susceptible de digitalización, validada electrónicamente, garantizando la integridad de la documentación almacenada y su seguridad. Los documentos emitidos por el Organismo Autónomo como copias de los originales almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento original.

d) El establecimiento de procedimientos para facilitar el acceso de los administrados a la información que les afecta, incluida la realización de trámites a través de medios telemáticos utilizando sistemas seguros de comunicación y firma electrónica.

Artículo 8.- El Organismo Autónomo, mantendrá en sus dependencias bajo la dirección de la Secretaría, un Registro General de documentos informatizado, donde se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida, asientos relativos a todos los escritos o comunicaciones referidos a su gestión.

El funcionamiento de este Registro se regirá por idénticas normas que el de la Diputación provincial de Córdoba.

El Organismo con la finalidad de facilitar a los ciudadanos la presentación de comunicaciones, podrá crear Registros Auxiliares del General, al que comunicarán toda anotación que efectúen.

Con referencia a los asientos existentes en el libro del Registro, podrán expedirse certificaciones autorizadas por la Secretaría.

Artículo 9.- Los obligados tributarios, gozarán de los derechos y garantías expresamente reconocidos en la Ley General Tributaria, entre los cuales, se encuentra el derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

La competencia para la expedición de copias auténticas sobre los documentos que obren en los expedientes del Organismo Autónomo, corresponderá a la Secretaría, excepto cuando fuere posible la generación informática de copias validadas electrónicamente sobre documentos almacenados en forma digital.

La obtención de copias, de la documentación obrante en los expedientes, requerirá el previo pago de la tarifa aprobada al efecto en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 10.- Los datos, informes o antecedentes obtenidos para la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos, tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada el Organismo y, para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

El personal dependiente del Organismo que tenga conocimiento por razón de su actividad de estos datos, informes o antecedentes, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPITULO I

El hecho imponible

Artículo 11.- El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, consistente en el pago de la cuota tributaria.

La Ley podrá completar la determinación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Artículo 12.- El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

Artículo 13.- En los actos o negocios jurídicos en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.

Artículo 14.- Se entenderá que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados en fraude de ley, con la intención de eludir el pago del tributo, siempre que produzcan un resultado semejante al derivado del hecho imponible.

CAPITULO II

De los beneficios fiscales

Artículo 15.- No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 16.- La competencia para la concesión o denegación de beneficios fiscales sobre los tributos cuya gestión se encuentre encomendada al Organismo, corresponderá a la Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar.

Artículo 17.- La concesión de beneficios fiscales, exceptuando los supuestos en que una ley dispusiera lo contrario, tendrá carácter rogado, por lo que deberá iniciarse su tramitación a instancia del interesado, atendiendo a los plazos y requisitos previstos en la Ordenanza fiscal reguladora del tributo.

Artículo 18.- Siempre que no exista regulación expresa en contrario, con carácter general la concesión de beneficios fiscales surtirá efectos a partir del período impositivo siguiente a la fecha en que se hubiere formalizado la solicitud. No obstante podrá instarse la solicitud una vez iniciado el periodo impositivo siempre que no hubiera adquirido firmeza el acto de liquidación y se reunieran los requisitos para su concesión con anterioridad a la fecha del devengo.

CAPITULO III

Las obligaciones tributarias accesorias

Artículo 19.- Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.

Artículo 20.- Con carácter general, los intereses de demora se liquidarán y exigirán en el momento del pago de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.

Artículo 21.- En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.

En los supuestos de embargo de dinero en efectivo o en cuentas o créditos, se liquidarán y retendrán los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.

Artículo 22.- La liquidación de intereses se practicará en todo caso hasta la fecha de emisión del abonaré representativo de la deuda para su abono en las Entidades Colaboradoras de la Recaudación, quedando liberado del crédito el deudor con la realización del ingreso dentro del plazo de validez señalado en el documento. Transcurrido el plazo límite de validez del abonaré sin que se hubiera realizado el ingreso, quedará sin efectos la liquidación de intereses efectuada, la cual deberá ser actualizada con ocasión de la emisión de un nuevo documento representativo de la deuda para su pago.

Artículo 23.- En el ámbito de la Diputación provincial de Córdoba, se practicará liquidación por intereses de demora en todos los supuestos contemplados en la legislación vigente, con independencia de la cuantía que pudieran alcanzar. En consecuencia, no resultará de aplicación la previsión contemplada en el artículo 72.5 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005).

CAPITULO IV

Los obligados tributarios

Artículo 24.- Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Artículo 25.- Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.

Artículo 26.- Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley o en su caso de la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora del tributo, y en lugar de aquél, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

Artículo 27.- Cuando la Ley así lo establezca, tendrán la consideración de obligados tributarios las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

Los partícipes o cotitulares a que se refiere el apartado anterior, serán responsables solidarios en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dicha entidad.

Artículo 28.- Las liquidaciones tributarias únicamente podrán ser divisibles en el supuesto de concurrencia de varios obligados tributarios. En consecuencia, cuando el obligado tributario sea alguna de las entidades a que se refiere el artículo anterior, la deuda se exigirá íntegramente a la misma y en caso de derivación de responsabilidad a cualquiera de los participes o cotitulares.

Artículo 29.- Los actos o convenios entre particulares carecerán de efectos ante la Administración en relación con la determinación del sujeto pasivo y demás elementos de la obligación tributaria.

Artículo 30.- Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente, será obligación de todo sujeto pasivo:

a) Formular las declaraciones y comunicaciones exigidas para la gestión de cada tributo.

b) El pago de la deuda.

c) Llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se establezca.

d) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones.

e) Proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

f) Indicar expresamente la Referencia Catastral en cualquier declaración o reclamación relacionada con bienes inmuebles.

g) Aportar copia de la documentación acreditativa de su identificación personal cuando le sea requerida.

h) Aportar el justificante del pago de la deuda cuando sea requerido para ello.

i) Declarar el domicilio a efectos de notificaciones y cualquier alteración que se produzca en el mismo.

j) Informar a requerimiento de la Administración sobre los bienes y derechos que conforman su patrimonio.

Artículo 31.- La Ley podrá declarar responsables de las deudas, junto a los sujetos pasivos, a otras personas, solidaria o subsidiariamente.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Para la derivación de la acción administrativa a los responsables, se requerirá en todo caso un acto administrativo, previa audiencia al interesado por un plazo de quince días, en el que se declarará la responsabilidad y se determinará su alcance y extensión. Este acto administrativo será notificado reglamentariamente confiriéndole al responsable desde dicho instante todos los derechos del sujeto pasivo.

Cuando la declaración de responsabilidad se efectúe con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia le corresponderá al órgano que aprobó la liquidación, en los demás supuestos la competencia le corresponderá a la Gerencia del Organismo.

Artículo 32.- Disuelta y liquidada una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. Para ello, se dirigirá notificación a los mismos con requerimiento para el pago de la deuda en los plazos establecidos legalmente.

Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subrogación a estos efectos en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento.

CAPITULO V

El domicilio fiscal

Artículo 33.- El domicilio fiscal tanto de las personas físicas como jurídicas será único a efectos de sus relaciones con el Organismo Autónomo.

Para la determinación del domicilio fiscal se seguirán los criterios establecidos en la Ley General Tributaria y demás legislación complementaria.

Artículo 34.- Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en la provincia de Córdoba, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Provincial.

Artículo 35.- Es obligación de todos los sujetos pasivos declarar su domicilio correcto, especialmente cuando tuvieren constancia de que la Administración lo desconoce. A estos efectos, se considerará como domicilio conocido por el sujeto pasivo, el que consta en los registros públicos que constituyen los censos a partir de los cuales se generan las liquidaciones de ingreso periódico.

Artículo 36.- Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento del Organismo Autónomo, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio pueda producir efectos frente a la Administración tributaria hasta tanto se lleve a cabo la citada declaración.

Artículo 37.- El Organismo Autónomo podrá comprobar y rectificar de oficio el domicilio de los obligados tributarios en cualquier momento para subsanar los errores que sean detectados en el curso de la gestión.

TITULO SEGUNDO

Normas relativas a la gestión tributaria

CAPITULO I

Disposiciones sobre el Procedimiento

Artículo 38.- Corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar, la resolución en general de todos los procedimientos de gestión tributaria.

Corresponderá a la Gerencia del Organismo Autónomo la resolución de los procedimientos que pudiera encomendarle mediante delegación la Presidencia, y en general, procurar la correcta tramitación y cumplimentación de todos los expedientes tributarios, impulsando los actos de trámite que fueran necesarios y velar por la correcta aplicación de los acuerdos adoptados.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de la Presidencia, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 39.- Las resoluciones dictadas por la Presidencia o por delegación de la misma, serán notificadas por la Secretaría del Organismo.

Las resoluciones dictadas por la Gerencia del Organismo en ejercicio de sus propias competencias, serán notificadas por la Jefatura del Área Tributaria o en sustitución del mismo por la Jefatura del Servicio correspondiente.

Las resoluciones dictadas por la Tesorería del Organismo, serán notificadas por la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria.

Los requerimientos y comunicaciones sobre actos de trámite dictados en el curso del procedimiento, serán notificados por la Jefatura del Servicio o en sustitución del mismo por la Jefatura del Departamento correspondiente.

Artículo 40.- Exceptuando aquellos supuestos en que la normativa tributaria vigente le otorgue el carácter de definitivas, las liquidaciones tributarias practicadas por el Organismo Autónomo tendrán el carácter de provisionales.

Las liquidaciones tributarias practicadas por el Organismo con el carácter de provisionales, podrán ser rectificadas mediante las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria previstos en la legislación vigente.

Artículo 41.- El Organismo Autónomo está obligado a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto en los siguientes casos:

a) Procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación.

b) Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

Todos los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos tributarios, deberán estar motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Artículo 42.- Exceptuando los supuestos en que la norma del procedimiento establezca otra cosa, el plazo máximo de resolución será de seis meses.

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio, en los iniciados a instancia de parte, el plazo se contará desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del Organismo.

Los períodos de interrupción justificada por la necesidad de cumplimentación de trámites por otras administraciones y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable al Organismo, interrumpirán el cómputo del plazo para resolver.

Corresponderá a los distintos Jefes de Servicio del Organismo Autónomo, la responsabilidad de que la obligación de resolución expresa se haga efectiva en los plazos establecidos.

Cuando el número de expedientes abiertos impidan razonablemente el cumplimiento de los plazos previstos en el procedimiento aplicable o el plazo máximo de resolución, el Jefe del Servicio lo comunicará a su inmediato superior, con la finalidad de que por parte de la Gerencia del Organismo puedan adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas para resolver la situación.

Artículo 43.- En aplicación del criterio de celeridad para la tramitación de todos los procedimientos tributarios, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, se facilitará siempre que fuera posible, la acumulación de expedientes que guarden identidad sustancial o íntima conexión.

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por acuerdo de la Gerencia se dé orden motivada en contrario, de la que quedará constancia.

Artículo 44.- En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo establecido para la resolución sin que el órgano competente la hubiera dictado, producirá los efectos previstos legalmente para el silencio administrativo. En estos procedimientos, la falta de resolución en plazo deberá considerarse como desestimación, en los siguientes casos:

a) Resolución de recursos administrativos.

b) Solicitud de beneficios fiscales.

c) Suspensión del procedimiento siempre que no se hubiere aportado garantía suficiente.

d) Solicitud de devolución de ingresos indebidos.

e) En los demás supuestos previstos legalmente.

Se considerará estimada la solicitud por silencio administrativo en los casos previstos en la normativa vigente.

Artículo 45.- Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los plazos expresados en días, meses o años, se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto, o en su caso la finalización de la exposición pública del mismo, o desde el día siguiente a aquél en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Artículo 46.- En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos, las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado.

Atendiendo al carácter masivo de las notificaciones generadas en los procedimientos tributarios locales, la acreditación de la notificación se archivará separadamente del expediente en un lugar específicamente destinado al efecto, utilizando para ello sistemas informáticos que permitan la automatización de su tratamiento y su posterior localización para unirla al expediente cuando fuera precisa su aportación.

La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado por el interesado o su representante. En otro caso, la notificación se realizará en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Cuando en el momento de realizarse la notificación, no se hallare presente el interesado o su representante, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.

En el supuesto de que el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.

Artículo 47.- Cuando intentada la notificación por dos veces, ésta no pudiera realizarse por ausencia del interesado o su representante, se dejará nota de aviso en el domicilio con el fin de que pueda ser retirada la notificación de las oficinas del servicio de notificación en el plazo de una semana. Transcurrido el referido plazo, si no se hubiere retirado la notificación de las oficinas, se archivará el acuse de recibo haciendo constar los dos intentos de notificación efectuados y su resultado.

Será suficiente con un solo intento de notificación, cuando el destinatario conste como desconocido en el domicilio.

Artículo 48.-Cuando no hubiere sido posible realizar la notificación en los supuestos contemplados en el artículo anterior, es decir, por causas no imputables a la Administración, por resultar ausente o desconocido el interesado en el domicilio o lugar señalado, o ignorarse el lugar de la notificación, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en la Sede Electrónica del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 49.- Para la práctica de las notificaciones, el Organismo podrá utilizar los servicios de Correos o de otras empresas especializadas contratadas al efecto, así como personal propio o dependiente de los Ayuntamientos de la provincia.

CAPITULO II

Revisión de los Actos

Artículo 50.- Corresponderá al Consejo Rector del Organismo Autónomo, la resolución de los procedimientos de declaración de nulidad de pleno derecho y de declaración de lesividad de actos anulables dictados en vía de gestión tributaria.

Artículo 51.- 1. El Organismo podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción.

2. De otra parte, el Organismo podrá revocar de oficio sus actos en beneficio de los interesados, siempre que no hubiere transcurrido el plazo de prescripción, cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Artículo 52.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público gestionados por el Organismo Autónomo, sólo podrá interponerse el recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, regulado en el artículo 14 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, debe entenderse sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En estos casos, cuando el acto haya sido dictado por el Organismo Autónomo, el recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

Artículo 53.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita.

Contra los actos administrativos de aprobación de padrones o matrículas y de las liquidaciones tributarias incluidas en los mismos, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que los aprobó, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública.

El recurso de reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, exceptuando los casos de interrupción del cómputo de este plazo previstos legalmente.

Artículo 54.- Contra la desestimación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los siguientes plazos:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo.

b) Si la resolución ha sido tácita, en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en que debió entenderse desestimado el recurso, de acuerdo con las normas reguladoras del silencio administrativo.

CAPITULO III

Suspensión del procedimiento

Artículo 55.- La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aportando garantía suficiente.

Artículo 56.- Corresponderá la competencia para tramitar y resolver la solicitud de suspensión al órgano que dictó el acto impugnado.

La suspensión podrá solicitarse en cualquier momento mientras dure la sustanciación del recurso, si bien, cuando no se solicite en el momento de su interposición, solo podrá afectar a las actuaciones que se produzcan con posterioridad.

Si el recurso interpuesto no afecta a la totalidad de los conceptos comprendidos en el acto o liquidación, la suspensión se referirá sólo a los que sean objeto de impugnación, siempre que sea posible la liquidación separada de tales conceptos, quedando obligado el recurrente a ingresar el resto en los plazos reglamentarios.

Las resoluciones desestimatorias de la suspensión deberán motivarse y sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.

Artículo 57.- Cuando la ejecución del acto hubiere estado suspendida, una vez concluida la vía administrativa, no se iniciarán o, en su caso, no se reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución se mantenga hasta entonces. Cuando el interesado interponga recurso contencioso-administrativo la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

Una vez desestimado el recurso interpuesto en vía administrativa o judicial, se exigirán los correspondientes intereses de demora en la cuantía establecida en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, por todo el período de suspensión. Si la interposición del recurso se realizó en período voluntario, se notificará al interesado la deuda concediéndole el mismo plazo para el pago en período voluntario que el previsto para las liquidaciones de ingreso directo, advirtiéndole que transcurrido el mismo sin que se hubiese efectuado el pago, se procederá a la ejecución de la garantía aportada.

Artículo 58.- La garantía será devuelta o liberada cuando se pague la deuda, incluidos los recargos, intereses y costas, así como los intereses devengados durante la suspensión, o cuando se acuerde la anulación del acto.

Cuando en una liquidación se anulen recargos, intereses u otros elementos distintos de la cuota, la garantía seguirá afectada al pago de la deuda subsistente, pero podrá ser sustituida por otra que cubra solamente el nuevo importe de la deuda.

Artículo 59.- Quedará automáticamente suspendida la ejecución de los actos impugnados con contenido económico, desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastante para cubrir el total de la deuda más los intereses de demora que se originen por la suspensión, conforme a las siguientes normas:

a) La garantía deberá constituirse ajustándose a los modelos aprobados por el Organismo Autónomo.

b) La garantía deberá consistir en alguna de las siguientes:

i. Dinero efectivo o valores públicos, depositados en la Caja del Organismo. Cuando se trate de deuda pública anotada se aportará certificado de inmovilización del saldo correspondiente a favor del Organismo Autónomo.

ii. Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de crédito o Sociedad de garantía recíproca, o contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

iii. Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la misma localidad de reconocida solvencia, sólo para deudas que no excedan de 600 euros por principal.

Aportada la garantía exigida, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud. Si la solicitud no viniera acompañada de la correspondiente garantía, no habrá lugar a la suspensión automática del acto.

Artículo 60.-Si la garantía aportada no fuera considerada bastante, se concederá al interesado un plazo de diez días para subsanar los defectos.

De no producirse la subsanación requerida, el servicio correspondiente emitirá informe motivado sobre la improcedencia de la suspensión, que se someterá al órgano competente para resolver. Dictada la resolución desestimatoria de la suspensión solicitada, podrá proseguir la ejecución del acto administrativo impugnado.

Las actuaciones llevadas a cabo en relación con la solicitud de suspensión, se archivarán en el expediente del recurso interpuesto.

Artículo 61.- Cuando el interesado no pueda aportar la garantía prevista en el artículo 59 de esta Ordenanza, podrá suspenderse excepcionalmente la ejecución del acto, sin automatismo, previa justificación de que la ejecución causaría perjuicios de imposible o difícil reparación y se ofrezca cualquier otro tipo de garantía que se considere suficiente.

No obstante, aun cuando el interesado no pueda aportar garantía con los requisitos anteriores, se podrá decretar la suspensión si se aprecian los referidos perjuicios.

Asímismo, podrá acordarse la suspensión sin necesidad de garantía, cuando la Administración aprecie que al dictar el acto impugnado se ha incurrido en error aritmético, material o de hecho.

La solicitud de suspensión aportará las alegaciones y documentos precisos en orden a acreditar la concurrencia de los requisitos señalados en los párrafos anteriores. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a dejar en suspenso el acto administrativo impugnado con efectos desde el día de presentación de la solicitud y hasta tanto se proceda a la resolución de la misma.

Artículo 62.- No se podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio, hasta que la liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de este deber, antes de proceder a la enajenación de los bienes, se comprobará que no existe recurso pendiente de resolución en vía administrativa o judicial.

Se exceptúa de lo previsto en los párrafos anteriores, los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los cuales existe un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.

CAPITULO IV

Devolución de ingresos indebidos

Artículo 63.- Los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como sus sucesores, tendrán derecho a solicitar la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado a la Administración provincial con ocasión del pago de deudas de Derecho público, siguiendo el procedimiento establecido legalmente.

Artículo 64.- El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada.

No obstante lo anterior, procederá la iniciación de oficio en los siguientes supuestos:

a) Cuando proceda en los acuerdos de ejecución de resoluciones judiciales.

b) Siempre que se hubiere dictado cualquier acuerdo o resolución administrativa, que suponga la rectificación, revisión o anulación de actos administrativos que hubieren dado lugar al ingreso de una deuda tributaria indebidamente o en cuantía superior a la que legalmente procedía.

c) Cuando la Administración tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicidad o exceso en el pago de una deuda, o por el ingreso de deudas prescritas, siempre que no haya prescrito el derecho a la devolución.

En los supuestos previstos en el párrafo c) anterior, únicamente se iniciará la tramitación de oficio del reconocimiento del derecho a la devolución, cuando el ingreso indebido supere la cuantía de 12 euros.

Artículo 65.- La competencia para resolver sobre el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, corresponderá a la Presidencia del Organismo, sin perjuicio de las delegaciones que pudiera acordar.

Artículo 66.- Cuando el procedimiento de devolución por ingreso indebido se inicie a instancia del interesado, la solicitud se dirigirá a la Presidencia del Organismo y deberá contener:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Justificación del ingreso indebido.

d) Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo. Ordinariamente la devolución se realizará mediante transferencia bancaria, para lo cual el interesado deberá indicar en el formulario establecido a este fin, los datos identificativos de la cuenta y la entidad bancaria, codificados de acuerdo con lo establecido en el sistema financiero de Código-Cuenta-Cliente (CCC).

e) Lugar, fecha y firma.

A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como el justificante original del ingreso realizado, que según los casos podrá consistir en Carta de pago, abonaré diligenciado por una Entidad Colaboradora de la Recaudación o adeudo en cuenta tramitado mediante orden de domiciliación, banca electrónica o Cajero automático.

En el caso de pago duplicado, deberán aportarse los justificantes originales de los dos ingresos realizados, quedando en poder de la Administración un original y la copia diligenciada del otro que será devuelto al interesado.

Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha, el lugar del ingreso y su importe.

Artículo 67.- Reconocido el derecho a la devolución, se procederá al pago de las siguientes cantidades:

a) El importe del ingreso indebidamente efectuado correspondiente al principal de la deuda, recargos o intereses.

b) Las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio.

c) El interés por demora que corresponda legalmente, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Artículo 68.- No procederá el abono de intereses de demora en los siguientes supuestos de devolución de ingresos:

a) Cuando proceda la devolución parcial de la cuota ingresada como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que determinen la aplicación de las reglas de prorrateo establecidas legalmente.

b) Cuando el derecho a la devolución se origine como consecuencia de la aplicación de beneficios fiscales de carácter rogado, solicitados con posterioridad al devengo del tributo.

c) Cuando se produzcan ingresos improcedentes por el propio interesado, una vez cancelada la deuda, siempre que no hubiere mediado requerimiento alguno por parte de la Administración. La devolución de estos ingresos improcedentes se llevará a cabo de oficio por el Organismo siempre que la cuantía de los mismos supere el importe de 12 euros.

Artículo 69.- La devolución se realizará directamente por el Organismo Autónomo, repercutiéndose posteriormente a la Administración titular del ingreso, con sus correspondientes intereses, mediante deducción en la primera liquidación de ingresos que se efectúe.

En el supuesto de que el ingreso indebido se hubiere realizado en otra Administración local, con anterioridad a la delegación de sus competencias de gestión y recaudación a favor de la Diputación, se solicitará de la referida Administración que aporte certificación de la Intervención sobre la efectiva realización del ingreso y su no devolución, como requisito previo al reconocimiento del derecho a la devolución.

CAPITULO V

Reintegro del coste de las garantías

Artículo 70.- La Administración reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.

En los tributos de gestión compartida, corresponderá efectuar el reembolso del coste de las garantías a la Administración que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente, en consecuencia, la solicitud de reembolso deberá dirigirse a la citada Administración.

Artículo 71.- El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante solicitud del interesado que deberá hacer constar lo siguiente:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del interesado, y en su caso del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Declaración expresiva del medio elegido para la realización de la devolución de entre los ofrecidos por el Organismo, que ordinariamente será la transferencia bancaria, para lo cual indicará los datos identificativos de la cuenta y la entidad bancaria, codificados de acuerdo con lo establecido en el sistema financiero de Código-Cuenta-Cliente (CCC).

d) Lugar, fecha y firma del solicitante.

e) Órgano al que se dirige la petición.

A la solicitud, se adjuntará obligatoriamente, copia de la resolución administrativa o sentencia judicial firme por la que se declare improcedente el acto o la deuda, así como la acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita, con indicación de la fecha efectiva de pago.

Artículo 72.- A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías se determinará de acuerdo con los criterios fijados en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 73.- Cuando la propuesta de resolución, determine un importe a rembolsar diferente al solicitado por el interesado, se cumplimentará el trámite de audiencia para que pueda alegar lo que considere conveniente a su derecho.

La resolución del expediente se dictará en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha en que haya tenido entrada el escrito de solicitud de reembolso.

Transcurrido el plazo de resolución sin que ésta se haya producido, se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo. No obstante lo anterior, la Administración podrá resolver con posterioridad al vencimiento del plazo, sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Artículo 74.- La resolución determinará la procedencia del reembolso de los costes de la garantía aportada, concretando las cantidades que deberán abonarse, en cuanto han quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión de la deuda declarada total o parcialmente improcedente.

Los pagos realizados por el Organismo Autónomo referidos a este concepto, se repercutirán a la Administración titular de la deuda declarada improcedente, mediante deducción practicada en la primera liquidación de ingresos que se realice.

Artículo 75.- En todo caso, el derecho al reembolso de los costes de las garantías, prescribirá a los cuatro años de la firmeza de la sentencia o resolución administrativa que declare la improcedencia del acto o de la deuda tributaria.

CAPITULO VI

Gestión de Impuestos Municipales Obligatorios

Sección I: Normas generales

Artículo 76.- Corresponderá al Organismo Autónomo, en relación con los Impuestos municipales obligatorios sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas, cuando los respectivos Ayuntamientos hubieren delegado sus facultades de gestión tributaria a favor de la Diputación de Córdoba, la conformación en general de los diferentes expedientes de gestión censal y tributaria que procedan. En concreto y a modo meramente enunciativo, deberá elaborar la documentación oficial para las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, practicar las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, formular requerimientos a los interesados, expedir certificados acreditativos sobre la situación censal y sobre el estado de las deudas, resolver los recursos y reclamaciones que se presenten, conceder y denegar beneficios fiscales, realizar actuaciones de comprobación e investigación de los hechos imponibles, ejercer cuando proceda las facultades de inspección tributarias, imposición de sanciones por infracción tributaria, revisar de oficio los actos tributarios, acordar la devolución de ingresos indebidos, emitir los documentos de cobro, recaudar las deudas en período voluntario y ejecutivo, acordar la suspensión, aplazamiento y fraccionamiento de las deudas, notificar las resoluciones administrativas y prestar el servicio de información y asistencia general a los contribuyentes.

Artículo 77.- El pago en período voluntario de las deudas derivadas de la liquidación periódica de los impuestos obligatorios, deberá realizarse en el plazo de cobranza que se acuerde, nunca inferior a dos meses y que deberá establecerse dentro de los siguientes períodos:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, entre los meses de abril y agosto de cada año, ambos incluidos.

b) Los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas, entre los meses de septiembre y diciembre de cada año, ambos incluidos.

La Presidencia del Organismo, por causas justificadas, podrá modificar los períodos de cobro señalados en los párrafos anteriores.

Artículo 78.- Elaborados los padrones fiscales conteniendo las liquidaciones periódicas de los distintos impuestos obligatorios, serán sometidos a la aprobación de la Presidencia del Organismo que fijará el plazo de cobranza en período voluntario, y se notificarán colectivamente mediante edictos publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Organismo podrá divulgar los referidos edictos mediante la exposición en sus oficinas de atención al público, así como con la utilización de medios telemáticos.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Del padrón fiscal, el Organismo Autónomo remitirá una copia en soporte informático al Ayuntamiento respectivo, junto con la acreditación del contraído formalizado en Contabilidad.

Sección II: Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 79.- La gestión de este impuesto comprenderá, de una parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hubiere cedido el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputación Provincial, bien en régimen de delegación de competencias o de prestación de servicios.

Artículo 80.- El Organismo elaborará anualmente para cada municipio, los padrones fiscales comprensivos de las liquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto, de forma separada para los inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, a partir de los correspondientes al ejercicio anterior, introduciendo las variaciones de orden físico, jurídico y económico que se hubieren aprobado mediante acuerdos adoptados por la Gerencia Territorial del Catastro, o en su caso por el propio Organismo en ejercicio de las competencias propias o asumidas por delegación del Ministerio de Hacienda. Así mismo, se incorporarán al padrón las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

A efectos de la determinación de las cuotas que deben incluirse en el padrón cobratorio, se aplicarán sobre la base liquidable, los tipos impositivos y beneficios fiscales en vigor aprobados por los Ayuntamientos titulares del impuesto en su respectiva Ordenanza fiscal.

Artículo 81.- En los casos de nueva construcción, así como cuando se produzcan alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los inmuebles gravados, los sujetos pasivos estarán obligados a formalizar las correspondientes declaraciones de alta, baja o modificación de la descripción catastral en los impresos oficiales elaborados por la Dirección General del Catastro o por el propio Organismo, en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.

Las altas y alteraciones censales, causarán efectos tributarios en el período impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar con independencia de la fecha de su incorporación al Catastro, procediendo liquidación directa o rectificación de las liquidaciones practicadas por los ejercicios no prescritos, una vez fijado y notificado el correspondiente valor catastral con sujeción a la ponencia de valores en vigor en el momento del alta o alteración.

En los supuestos de declaración por alteraciones censales que no produzcan modificación de la base imponible, podrá llevarse a cabo su incorporación al padrón correspondiente al ejercicio siguiente, sin que sea precisa notificación individual.

Artículo 82.- El Organismo promoverá la coordinación necesaria, y en su caso, la formalización de los acuerdos de colaboración que se consideren necesarios con la Dirección General del Catastro, con el fin de facilitar el intercambio de información y favorecer una correcta gestión del impuesto.

En las oficinas de atención al público del Organismo se podrán facilitar consultas y certificaciones catastrales, a solicitud de los interesados, mediante la utilización de los Puntos de Información Catastral autorizados por la Dirección General del Catastro.

Sección III: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Artículo 83.- El Organismo Autónomo elaborará anualmente para cada municipio, el padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a partir del padrón del año anterior, con la incorporación de las altas, bajas y variaciones que se hubieren producido en los censos tributarios alimentados con las comunicaciones de la Dirección General de Tráfico sobre las alteraciones producidas en sus registros. A este fin, las bajas temporales por robo o sustracción del vehículo producirán idénticos efectos que las bajas definitivas. Así mismo, se incorporarán al padrón las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

La cuota se determinará, mediante la aplicación del coeficiente de incremento sobre las tarifas establecidas legalmente y con los beneficios fiscales regulados en la correspondiente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento titular del tributo.

Artículo 84.- En los supuestos de alta por primera adquisición del vehículo o rehabilitación del mismo, el impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, siendo exigible el ingreso como requisito necesario para la expedición del correspondiente permiso de circulación. Así mismo, cuando se produzca declaración por cambio de dominio, baja o variación del vehículo, el contribuyente podrá optar de forma potestativa por autoliquidar el impuesto, o esperar a que se gire la correspondiente liquidación periódica por el Organismo Autónomo.

Para facilitar la autoliquidación en los supuestos previstos, el Organismo elaborará los correspondientes impresos oficiales y dispondrá un servicio de asistencia al contribuyente en sus oficinas de atención al público.

Artículo 85.- Se considerará sujeto pasivo del impuesto, como titular del vehículo, la persona o entidad a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, excepto en los supuestos de transmisión del vehículo, siempre que el cambio de titularidad se hubiere comunicado a la Jefatura Provincial de Tráfico con los requisitos previstos legalmente.

Artículo 86.- Serán objeto de gravamen por este impuesto, la totalidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas, entendiéndose por tales, los que se encuentren matriculados en los registros de la Dirección General de Tráfico, incluidos los provistos de matrícula temporal o turística, y mientras no causen baja temporal por robo o sustracción, o definitiva en los referidos registros.

La anterior presunción, admitirá prueba en contrario.

Artículo 87.- 1. Para la determinación del concepto de las diversas clases de vehículos, a efectos de la aplicación de las tarifas del impuesto, se estará a la regulación contenida en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

2. Respecto a la tributación de los vehículos clasificados como vehículo mixto adaptable, se atenderá su característica predominante, transporte de personas o carga de mercancías, con el fin de determinar su clasificación como turismo o camión, a efectos de aplicación de las tarifas del impuesto.

En el supuesto de que el citado vehículo se destine con carácter estable al transporte simultáneo de carga y personas, se considerará como predominante el transporte de personas cuando el número de asientos instalados con carácter permanente exceda de la mitad de la capacidad potencial de asientos, o alternativamente, cuando la capacidad de carga autorizada sea inferior o igual a 525 Kilogramos, procediendo en consecuencia su clasificación como turismo en el supuesto de que concurra cualquiera de estas circunstancias.

Artículo 88.- Para facilitar la gestión del impuesto, el Organismo promoverá la coordinación y los acuerdos de colaboración que fueran necesarios con la Jefatura Provincial de Tráfico, orientados a la implantación de procedimientos informáticos y telemáticos para el intercambio de información. Así mismo, se favorecerá la formalización de acuerdos de colaboración social con el Colegio de Gestores Administrativos.

Sección IV: Impuesto sobre Actividades Económicas

Artículo 89.- La gestión de este impuesto comprenderá, de una parte el ejercicio de las competencias tributarias delegadas por los Ayuntamientos de la provincia, y de otra, las competencias censales y de inspección que sobre estos mismos municipios hubiere delegado el Ministerio de Hacienda, a favor de la Diputación Provincial.

Artículo 90.- En ejercicio de las competencias delegadas por el Ministerio de Hacienda, anualmente el Organismo elaborará para cada municipio la Matrícula del impuesto que estará constituida por los censos comprensivos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas gravadas por cuota municipal y no estén exentos del impuesto, clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos y epígrafes.

La Matrícula se elaborará partiendo de la del ejercicio anterior, con la incorporación de las alteraciones que se hubieren producido como consecuencia de las actuaciones inspectoras o las declaraciones de alta, baja y variación censal presentadas hasta el día 31 de enero, siempre que se refieran a hechos producidos con anterioridad al día 1 de enero. Así mismo, se incorporarán a la Matrícula las correcciones por errores simples de datos en cuanto a identificación del sujeto pasivo y su domicilio fiscal que se hubieren solicitado por el mismo, o hubieren sido detectados en las depuraciones periódicas que se realizan de las bases de datos.

La Matrícula se someterán a la aprobación de la Presidencia del Organismo u órgano en quien delegue, debiendo quedar a disposición del público desde el 1 al 15 de abril, en los respectivos Ayuntamientos y en las oficinas de atención al público del Organismo correspondientes a cada localidad, publicándose el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, para los municipios de población superior a los 10.000 habitantes, cada Ayuntamiento deberá insertar anuncio en un periódico de los de mayor difusión en la provincia.

Artículo 91.- Dentro del primer mes de cada trimestre natural, el Organismo remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las modificaciones que se hubiesen producido durante el trimestre inmediatamente anterior en los censos de actividades. Las modificaciones producidas durante el último trimestre de cada año natural, se remitirán antes del día 16 de febrero del año siguiente.

El Organismo promoverá los acuerdos necesarios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para facilitar los intercambios de información utilizando procedimientos telemáticos.

Artículo 92.- Anualmente, a partir de las matrículas aprobadas, el Organismo Autónomo elaborará los correspondientes padrones fiscales, que incluirán la liquidación correspondiente a cada actividad económica. Para la determinación de las cuotas tributarias, se aplicarán sobre las cuotas mínimas fijadas en las disposiciones vigentes, el coeficiente de ponderación legal y posteriormente los coeficientes de situación aprobados por los respectivos Ayuntamientos en sus Ordenanzas fiscales.

Artículo 93.- Los sujetos pasivos que no estén exentos del impuesto, así como aquellos que estándolo deje de cumplirse las condiciones exigidas para su aplicación, estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta en la matrícula en los plazos establecidos legalmente.

Los sujetos pasivos incluidos en la matrícula, estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad o las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en la misma, con sujeción a los plazos previstos legalmente.

El Organismo elaborará los impresos oficiales de declaración de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de Hacienda y los pondrá a disposición de los interesados en las oficinas de atención al público abiertas en la provincia.

CAPITULO VII

Gestión de Tasas y Precios Públicos

Artículo 94.- Las tasas y precios públicos establecidos por la Diputación provincial, se gestionarán y liquidarán por el Servicio de Hacienda en colaboración con los distintos departamentos, organismos y empresas que tuvieren encomendadas las actividades o servicios gravados, actuando de forma coordinada con el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

En los casos de liquidaciones de carácter periódico y notificación colectiva, la recaudación se llevará a cabo en todo caso, por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, previa remisión del cargo correspondiente.

En los supuestos de liquidación con ingreso directo, la recaudación se realizará con carácter general también por el Organismo Autónomo, no obstante, excepcionalmente, cuando razones de carácter operativo y de eficiencia lo justifiquen, podrá acordarse su recaudación directa por los propios servicios de la Diputación.

Artículo 95.- En el caso de delegación de las facultades recaudadoras de otros entes en la Diputación provincial, corresponderá a cada Ayuntamiento o Entidad, la elaboración y aprobación de sus padrones cobratorios por tasas y precios públicos de vencimiento periódico, así como gestionar las liquidaciones directas que procedan por los referidos conceptos.

El cargo se realizará al Organismo para la gestión de cobro en período voluntario cuando se trate de liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva, en caso de liquidaciones directas, la recaudación en período voluntario se llevará a cabo por la propia entidad, realizándose el cargo al Organismo en período ejecutivo mediante la remisión de la correspondiente certificación de descubierto.

Atendiendo a criterios de eficiencia y proporcionalidad en las actuaciones, la Tesorería del Organismo rechazará los cargos de deudas procedentes de otras entidades, en los siguientes casos:

a) Cargos en período voluntario: Cuando las deudas no superen 2 euros por principal.

b) Cargos en período ejecutivo: Cuando las deudas no superen 3 euros por principal o cuando resten menos de seis meses para que se cumpla el plazo previsto para la prescripción de la acción administrativa para exigir el pago.

Artículo 96.- En la elaboración de sus padrones cobratorios, los Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado sus competencias recaudatorias, utilizarán necesariamente las aplicaciones informáticas facilitadas por EPRINSA para esta funcionalidad. Así mismo, seguirán las instrucciones impartidas por Hacienda Local relativas al correcto manejo de los aplicativos y los criterios fijados para la mecanización de los datos.

Elaborada la liquidación periódica y aprobada por el órgano competente, se generará el correspondiente fichero para su envío al Organismo siguiendo los procedimientos fijados para ello, junto con una certificación de la Secretaría municipal o de la entidad que se trate, sobre el acuerdo de aprobación del padrón, explicitando el concepto a que se refiere, ejercicio y período de liquidación, número de deudas practicadas e importe total.

El Organismo, podrá devolver al Ayuntamiento o entidad, los ficheros recibidos conteniendo la información sobre las liquidaciones aprobadas, para la subsanación de los defectos que se hubieren detectado en su tratamiento informático.

Artículo 97.- Procesado por el Organismo el soporte conteniendo la liquidación periódica, se formalizará la correspondiente aceptación del cargo en la cuantía que se estime conforme por la Tesorería del Organismo, anotándose el correspondiente apunte de contraído en la Contabilidad. Al Ayuntamiento o entidad a que se refiera el cargo, se le remitirá comunicación del contraído en contabilidad con el justificante del cargo aceptado y rechazado.

Será competencia del Presidente del Organismo, la resolución que fija la apertura del período de cobranza y el plazo establecido para el ingreso voluntario de las deudas. Esta resolución, se notificará de forma colectiva mediante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición pública en los lugares destinados al efecto en las oficinas del Organismo y en los locales del Ayuntamiento o entidad afectada, con los requisitos establecidos legalmente para las deudas de vencimiento periódico. Dichos edictos podrán divulgarse mediante su publicación en la Sede electrónica del Organismo y en la de las entidades afectadas.

El plazo de exposición pública de los padrones será al menos de un mes, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 98.- El Organismo Autónomo elaborará en coordinación con los Ayuntamientos u otras entidades que hubieren delegado sus facultades recaudatorias, un calendario de cobranza anual para las tasas y precios públicos. Este calendario, determinará los compromisos temporales para la aprobación y envío de los padrones cobratorios. En todo caso, los padrones deberán tener entrada en el Organismo para su procesado, al menos con una antelación de un mes sobre la fecha prevista para el inicio del período de cobranza.

Los padrones cobratorios que tengan su entrada en el Organismo con posterioridad al día 31 de octubre de cada año, serán considerados a todos los efectos cargo del ejercicio siguiente y causarán anotación de contraído en la Contabilidad a partir del día 1 de enero.

TITULO TERCERO

Inspección de tributos y potestad sancionadora

Artículo 99.- Las actuaciones y procedimientos de inspección tributaria en la Diputación provincial, se ejercerán en todo caso por los servicios del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 100.- La actuación inspectora se desarrollará con sujeción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, así como las demás disposiciones que fueran de aplicación.

Para el ejercicio de las funciones inspectoras, el Servicio se adecuará a los correspondientes Planes Anuales de Inspección que periódicamente aprobará el Organismo.

Artículo 101.- Antes de la finalización de cada año, a propuesta de la Gerencia del Organismo y previo informe de la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, el Consejo Rector del Organismo aprobará el Plan Anual de Inspección para el ejercicio siguiente.

Posteriormente, por decreto de la Presidencia del Organismo, se aprobará el listado específico de los hechos imponibles a inspeccionar de acuerdo con las previsiones del Plan.

Artículo 102.- En los supuestos de denuncia o descubrimiento de hechos imponibles no declarados, se remitirá informe a la Gerencia del Organismo por la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria sobre la procedencia de su inclusión en el Plan Anual de Inspección. La Gerencia elevará propuesta a la Presidencia del Organismo para su resolución, acompañando el referido informe.

El ejercicio de la actividad inspectora se realizará por personal funcionario dependiente del Organismo, correspondiendo en todos sus trámites a la Jefatura del Servicio de Gestión e Inspección Tributaria que ostentará la condición de Inspector Jefe de Tributos y con sometimiento a la dirección de la Gerencia.

Artículo 103.- La Gerencia designará entre el personal del Organismo que no ostenta la condición de funcionario, aquellos trabajadores que habrán de desempeñar funciones de Agente Tributario, elevándose propuesta a la Presidencia para su nombramiento oficial.

Los Agentes Tributarios contarán con acreditación oficial del Servicio, y actuarán en los municipios donde la Diputación cuente con competencias sobre gestión censal e inspección de tributos. El cometido de estos Agentes se concreta en la realización de actuaciones meramente preparatorias, de comprobación o prueba de hechos, o circunstancias con trascendencia tributaria, pudiendo acceder a los locales donde se desarrollen actividades abiertas al público, o a inmuebles cerrados siempre con el consentimiento de sus titulares. De sus actuaciones levantarán Diligencia de constancia de hechos, que en su caso podrá contar con la conformidad del contribuyente.

Las Diligencias levantadas por los Agentes Tributarios, se entregarán al Jefe de Inspección que decidirá sobre la tramitación a seguir y la procedencia del levantamiento de Acta de inspección en su caso.

Artículo 104.- El Servicio de Gestión e Inspección Tributaria, elaborará en el primer trimestre de cada año, una Memoria comprensiva de las actuaciones inspectoras desarrolladas en el año anterior, con información estadística para cada municipio.

Artículo 105.- En materia de tributos locales se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

TITULO CUARTO

Recaudación

CAPITULO I

Gestión Recaudatoria y Órgano de Recaudación

Artículo 106.- La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de Derecho público a favor de la Diputación Provincial de Córdoba y de las Administraciones públicas integradas en su territorio que hayan acordado la delegación de sus competencias.

En aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y servicio a los ciudadanos, que deben presidir todas las actuaciones administrativas, incluidas las recaudadoras, el Organismo no notificará al contribuyente y en consecuencia no serán exigidas, las liquidaciones practicadas cuyo importe a ingresar no exceda de 2 euros. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, para determinar el importe señalado, se atenderá a la totalidad de la cuota agrupada de los bienes de un mismo sujeto pasivo.

Artículo 107.- La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos:

a) En periodo voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto.

b) En periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en periodo voluntario.

Artículo 108.- La gestión recaudatoria que la legislación atribuye a la Diputación Provincial de Córdoba, se llevará a cabo de forma directa tanto en periodo voluntario como ejecutivo, correspondiendo su ejercicio al Organismo Autónomo administrativo Instituto de la Cooperación con la Hacienda Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ordenanza General.

Artículo 109.- En relación con la recaudación de los créditos tributarios y demás de Derecho público a que se refiere la presente Ordenanza, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el artículo 88 de la Ley General Tributaria, corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo.

Artículo 110.- La gestión recaudatoria desarrollada por el Organismo, se organiza bajo la dirección de la Gerencia, correspondiendo la responsabilidad inmediata de su ejercicio al Tesorero del Organismo como Jefe de los Servicios Recaudatorios y con sometimiento al control y fiscalización de la Intervención.

Serán funciones reservadas al Tesorero, las comprendidas en el artículo 5.3 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre y las que expresamente se recogen en la presente Ordenanza.

CAPITULO II

Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial

Artículo 111.- Para el cobro de las deudas, el Organismo Autónomo podrá operar mediante Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, previa concesión de la correspondiente autorización a las Entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito calificadas que lo soliciten. Para tales efectos, se acordará la apertura de cuentas restringidas de recaudación con la denominación "Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Cuenta restringida para la recaudación de ingresos públicos". Otorgada la autorización, se entenderá concedida a todas las sucursales de una misma Entidad.

Por el Consejo Rector del Organismo, se regularán las normas de aplicación al funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial.

Será competencia de la Presidencia del Organismo, previo informe de la Gerencia, la concesión o cancelación de autorizaciones para operar como Entidad Colaboradora de la Recaudación Provincial. En ningún caso, las Entidades autorizadas para ejercer estas funciones de colaboración tendrán el carácter de órganos de recaudación.

Asímismo, la Presidencia podrá convenir la prestación del servicio de caja del Organismo.

Artículo 112.- El incumplimiento por parte de las Entidades Colaboradoras de las obligaciones establecidas en sus normas de aplicación, conllevará la apertura de expediente con posibilidad de imposición de las siguientes sanciones:

a) Suspensión temporal de la autorización otorgada a la entidad para todas o alguna de sus oficinas.

b) Revocación definitiva de la autorización otorgada a la entidad.

c) Restricción temporal del ámbito territorial de su actuación.

d) Restricción definitiva del ámbito territorial de su actuación.

e) Exclusión de la prestación del servicio de colaboración a alguna de las oficinas.

El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo de la Gerencia previo informe de la Tesorería del Organismo que actuará como instructor del expediente. Formulada propuesta de resolución por la Tesorería con el conforme de la Gerencia, se procederá a su notificación a la entidad, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y la concesión de un plazo de 15 días para alegaciones.

La resolución del expediente sancionador será competencia de la Presidencia del Organismo.

Artículo 113.- Las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, deberán transferir el día hábil siguiente a los días 5 y 20 de cada mes, el importe de la recaudación de la quincena anterior, a la cuenta ordinaria que el Organismo mantendrá en la Entidad Centralizadora de Ingresos que previamente se habrá seleccionado.

CAPITULO III

Notificación de las liquidaciones y clasificación de las deudas

Artículo 114.- Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo, constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda.

Las deudas tributarias y no tributarias en atención a la liquidación de la que proceden, se clasificarán a efectos recaudatorios en:

a) Deudas liquidadas individualmente: Requieren la notificación de la liquidación de forma directa al deudor, con los requisitos establecidos en la Ley General Tributaria. Sin la notificación en forma legal, la deuda no será exigible.

b) Deudas de liquidación colectiva: Son aquellas deudas que por derivar directamente de censos, padrones o matrículas ya conocidos, las liquidaciones periódicas posteriores a la correspondiente al alta en los mismos, se notificarán mediante edictos que así lo adviertan.

c) Deudas autoliquidadas: Son aquellas en las que el deudor, por medio de efectos timbrados o a través de declaraciones-liquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda.

Artículo 115.- En el caso de deudas de carácter periódico, no se precisará la notificación individual de la liquidación aunque la deuda varíe periódicamente como consecuencia de revalorizaciones en la base imponible autorizadas con carácter general por las leyes, o modificaciones en el tipo o la base de cálculo establecidas en la respectiva Ordenanza fiscal aprobada según la normativa vigente.

Artículo 116.- En los supuestos de deudas liquidadas de forma colectiva, simultáneamente con la notificación de la liquidación se expondrá al público el censo o padrón y se anunciará el período de cobranza.

Estas actuaciones se llevarán a cabo mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la provincia, en las oficinas del Organismo que corresponda y en los locales de los Ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.

El anuncio de cobranza deberá contener los requisitos previstos en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, pudiendo ser sustituido por notificaciones individuales.

CAPITULO IV

El pago de las deudas

Artículo 117.- 1. Con sujeción a la legislación vigente, los contribuyentes dispondrán como mínimo de los siguientes plazos para el pago de las deudas:

a) Deudas tributarias resultantes de liquidaciones individuales:

i. Las notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

ii. Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Las deudas no tributarias resultantes de liquidaciones individuales, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas, con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.

c) Las deudas tributarias que deban ingresarse mediante declaración-liquidación, o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos o fechas que señalan las normas reguladoras de cada tributo.

d) Las deudas tributarias y no tributarias de carácter periódico cuya liquidación se notifique de forma colectiva, deberán abonarse en el plazo mínimo de dos meses, contados a partir de la fecha de aparición en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de apertura del respectivo periodo de cobranza.

2. La Presidencia, acordará mediante resolución el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias y no tributarias con sujeción a los plazos mínimos establecidos.

3. Cuando los contribuyentes utilicen como medio para realizar el pago, los procedimientos telemáticos dispuestos por el Organismo, se entenderá prorrogado automáticamente el plazo fijado para el ingreso de las deudas por el tiempo que fuera indispensable para la tramitación de la orden de pago ante la Entidad Colaboradora de la Recaudación Provincial, siempre que la referida orden de pago se hubiere efectuado dentro del plazo señalado en la correspondiente resolución.

Artículo 118.- Todas las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria sea llevada a cabo por el Organismo, se ingresarán generalmente a través de Entidades de depósito autorizadas para colaborar en la recaudación provincial. En estos supuestos, el Organismo facilitará directamente en sus oficinas o remitirá al domicilio de los obligados al pago, los correspondientes abonarés representativos de las deudas que, necesariamente, deberán ser presentados ante la Entidad Colaboradora para efectuar el ingreso, dentro del plazo fijado para su vencimiento.

En los casos de pérdida, destrucción o falta de recepción del abonaré, el interesado podrá dirigirse a los diferentes puntos de información dispuestos por el Organismo, donde se le facilitará el correspondiente duplicado.

La recaudación mediante abonarés, no supondrá en ningún caso, alteración del procedimiento de notificación previsto legalmente para las deudas de vencimiento periódico.

Artículo 119.- Salvaguardando en todo caso los plazos mínimos establecidos para el pago de las deudas, la Presidencia del Organismo regulará mediante decreto los plazos de ingreso aprobando los criterios para el vencimiento de los abonarés, con la finalidad de armonizar la operatoria de esta modalidad de recaudación y las necesarias exigencias de control y casamiento de los ingresos recaudados.

Artículo 120.- Las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, podrán domiciliarse para su pago en cuentas abiertas en Entidades de depósito. Para ello, los deudores se dirigirán a cualquiera de las oficinas abiertas al público por el Organismo o utilizarán la conexión telemática establecida al efecto y cumplimentarán la solicitud correspondiente, con anticipación al comienzo del periodo recaudatorio. En otro caso, surtirán efectos a partir del periodo siguiente.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de depósito o el Organismo disponga expresamente y de forma justificada su invalidez. En este último supuesto, cuando el acuerdo que declara la invalidez de las domiciliaciones tenga carácter general, deberá hacerse público con las mismas formalidades que el anuncio de cobranza.

No obstante lo anterior, los deudores también podrán domiciliar sus deudas futuras directamente en las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial en el momento de realizar el pago. En este supuesto, la Entidad de depósito asume la responsabilidad ante el cliente de la tramitación dada a su orden de domiciliación, no siendo exigible ante la Administración sin la acreditación necesaria de su comunicación previa con los plazos señalados en el párrafo primero.

Artículo 121.- El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según dispongan las normas que las regulen.

A falta de disposición expresa, el pago habrá de realizarse siempre en efectivo.

Artículo 122.- Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su regulación especial.

El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados, se regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público que admiten dicho medio de pago y por las normas del Reglamento General de Recaudación vigente.

Artículo 123.-1. El pago de las deudas tributarias y no tributarias que deba realizarse en efectivo, se hará por alguno de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque.

c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

d) Cualquier otro medio de pago que autorice expresamente la Presidencia del Organismo.

El dinero de curso legal se admitirá en todo caso, incluso cuando el deudor no tenga cuenta abierta en la Entidad Colaboradora de que se trate.

2. Los pagos que deban efectuarse directamente en el Servicio de Caja, podrán efectuarse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a favor del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

b) El nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.

c) Estar conformado o certificado por la entidad librada.

Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el periodo voluntario, se incluirá en la relación de descubierto la parte no pagada para su cobro por vía de apremio. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la Entidad que lo conformó o certificó, en otro caso, le será exigido al deudor.

3. Para el supuesto de pago en Entidad Colaboradora o prestadora del Servicio de Caja, ésta podrá admitir bajo su responsabilidad cualquier medio de pago.

4. Cuando el pago se realice mediante transferencia, se entenderá como fecha del mismo la de su ingreso en cuenta de la Administración.

Artículo 124.-1. El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza, tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.

2. Los justificantes del pago en efectivo, que acreditan a su poseedor como pagador de la deuda serán, según los casos:

a) Las cartas de pago expedidas por órganos competentes o por Entidades autorizadas para recibir el pago.

b) El adeudo de la Entidad de depósito en los pagos realizados mediante domiciliación bancaria, banca electrónica y Cajero automático.

c) El certificado electrónico emitido por el Organismo como justificante en los pagos realizados mediante la utilización de procedimientos telemáticos.

3. No obstante lo anterior, también tendrán el carácter de justificantes del pago de las deudas, aunque no podrán servir para acreditar la personalidad del pagador, los certificados del ingreso efectuado expedidos por las oficinas de atención al público del Organismo Autónomo, obtenidos mediante procesos de consulta a las bases de datos informatizadas.

4. Cuando se empleen efectos timbrados, los propios efectos, debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago.

5. Los justificantes expedidos por las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, con los requisitos estipulados en sus normas de funcionamiento, surtirán para los obligados al pago los mismos efectos que si el ingreso se hubiera realizado en la Caja del Organismo y, en consecuencia, quedarán liberados para con la Tesorería en la fecha de ingreso que se consigne en aquellos y por el importe figurado en los mismos.

Artículo 125.- El cobro de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la Administración a percibir aquellos que estén en descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.

Artículo 126.-1. Las deudas se presumen autónomas. El deudor de varias deudas podrá, en periodo voluntario, imputar el pago a aquella o aquellas que libremente determine.

2. No obstante lo anterior, si durante el procedimiento ejecutivo se hubieran acumulado varias deudas de un mismo deudor y no pudieran satisfacerse en su integridad, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de créditos, el pago se aplicará a las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determinada esta por la fecha de vencimiento del periodo voluntario para el pago de cada una.

Artículo 127.- Las deudas no satisfechas en los plazos establecidos, se exigirán en vía de apremio de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación vigente, computándose como ingresos a cuenta las cantidades pagadas fuera del plazo de ingreso voluntario.

CAPITULO V

Aplazamiento y fraccionamiento del pago

Artículo 128.- Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de todas las deudas tributarias y no tributarias cuya gestión recaudatoria esté encomendada al Organismo, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar transitoriamente el pago de sus débitos.

Para el fraccionamiento de deudas en período voluntario, será requisito indispensable que el contribuyente se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Organismo, o en caso contrario, la solicitud de fraccionamiento deberá incluir el conjunto de la deuda existente en período ejecutivo.

No serán aplazables las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados, o aquellas cuya cuantía no supere los 100 € de principal y se encuentren pendientes de cobro en período ejecutivo.

No se admitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con exención de garantía que resulte reiterativa respecto a deudas que anteriormente ya hubieran sido aplazadas o fraccionadas con incumplimiento de los plazos de cobro.

En el supuesto de que se hubiere incumplido el pago del aplazamiento o fraccionamiento concedido en período ejecutivo, y cuando la garantía aportada no consista en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, podrá concederse un nuevo aplazamiento o fraccionamiento a solicitud del obligado al pago, previo ingreso de los importes vencidos y no atendidos o alternativamente del veinte por ciento del total de la deuda.

Artículo 129.- Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, se presentarán en las oficinas abiertas al público o en la Sede electrónica del Organismo, siempre que el procedimiento se encuentre habilitado por este medio, en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

La solicitud se formalizará preferentemente en el modelo impreso elaborado por la Administración, haciendo constar en cualquier caso, la identificación de las deudas a aplazar o fraccionar, el plazo solicitado o número de fraccionamientos, así como la garantía ofrecida y la cuenta bancaria donde se desea domiciliar los pagos.

La presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, conllevará la suspensión cautelar de las actuaciones tendentes a la ejecución de bienes, no obstante, cuando junto a la solicitud no se aportare garantía suficiente, se continuarán los trámites para la traba de bienes con el fin de asegurar el cobro de la deuda.

En los casos de solicitud de exención total o parcial de garantía, con independencia de la documentación que se considere necesario requerir por la Tesorería acreditativa de la situación patrimonial del solicitante, el peticionario deberá presentar, cuando se trate de persona física, declaración responsable manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía, copia de la última nómina o en su caso acreditación de la situación de desempleo o jubilación, así como cualquier otro documento que estime oportuno en apoyo de su petición. En el caso de personas jurídicas, deberá presentar además de los documentos anteriores, justificación sobre la imposibilidad de obtener aval en al menos dos entidades de crédito y la documentación contable sobre la empresa que le fuera requerida por la Tesorería.

El procedimiento de ingreso para los aplazamientos y fraccionamientos, será obligatoriamente la domiciliación en cuenta abierta en alguna Entidad de depósito, para lo cual el interesado deberá indicar los datos identificativos de la cuenta y la entidad bancaria, codificados de acuerdo con lo establecido en el sistema financiero de Código-Cuenta-Cliente (CCC).

Artículo 130.- 1. Por una sola vez y a solicitud del deudor, se concederá automáticamente aplazamiento o fraccionamiento sin necesidad de resolución previa y sin exigencia de garantía, para aquellas deudas cuya cuantía total, en concepto de principal, no exceda de 3.000€, por un período máximo de 18 meses, debiendo resultar en todo caso una cuantía mensual mínima a pagar de 60€ más los intereses correspondientes. No obstante lo anterior, cuando en el momento de la concesión del fraccionamiento se hubiera realizado traba de bienes en el procedimiento ejecutivo, dicha traba se mantendrá como garantía del fraccionamiento salvo que se aporte otra garantía alternativa que se considere suficiente.

2. También se concederá de forma automática y sin exigir intereses, el fraccionamiento de los impuestos obligatorios con vencimiento periódico y notificación colectiva, siempre que se solicite en período voluntario y que el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. En este caso, la cuota mensual no podrá resultar inferior a 30€.

3. En relación con los procedimientos de actuación automatizada previstos en los apartados anteriores y en el artículo 134, se determinan las siguientes competencias:

a) Corresponderá a la Empresa Provincial de Informática (EPRINSA) la programación y mantenimiento de la aplicación informática empleada para la gestión del procedimiento, así como la auditoría del sistema de información y de su código fuente.

b) Será competencia de la Tesorería la supervisión y control de calidad del correcto funcionamiento de los programas informáticos empleados.

c) En caso de impugnación de las actuaciones automatizadas, será competente la Gerencia del Organismo para su resolución.

4. Excepcionalmente para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, por el concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y la Tasa provincial por la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, siempre que el importe acumulado de las mismas alcance 60 euros por entidad y concepto y se encontraren domiciliadas, se tramitará el cobro en dos plazos fraccionados por un importe del 50 por 100 de la deuda sin repercusión de intereses para cada una de las fracciones, con una demora mínima de cuatro meses entre los pagos y sin necesidad de solicitud previa del deudor. No obstante lo anterior, el interesado podrá solicitar el fraccionamiento de la deuda en otros plazos distintos de acuerdo con lo regulado en apartado 2 de este artículo.

5. En el supuesto de deudas fraccionadas en período voluntario con sujeción a los procedimientos previstos en el apartado 2 y 3 de este artículo, el rechazo por parte de la entidad de depósito de cualquiera de las fracciones domiciliadas, conllevará la anulación del fraccionamiento y el pase a ejecutiva del pendiente de cobro total de la deuda, siempre que se hubiere cumplido el plazo establecido para el pago en período voluntario establecido en el correspondiente anuncio de cobranza.

Artículo 131.- Cuando la deuda en concepto de principal exceda de 3.000 €, la garantía exigible para la concesión de aplazamientos o fraccionamientos, será la siguiente:

a) Hasta un importe de 4.000€, se admitirá como garantía suficiente, el aval personal y solidario de un contribuyente con solvencia justificada.

b) Para deudas cuya cuantía supere las 4.000€, con carácter general se exigirá como garantía compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, con los requisitos que se determinen por la Tesorería del Organismo.

c) Excepcionalmente, a propuesta de la Tesorería, podrá aceptarse otra garantía que se considere suficiente.

Artículo 132.- Atendiendo al importe del principal de la deuda, la temporalidad de los aplazamientos o fraccionamientos podrá ser la siguiente:

a) Las deudas cuyo importe no supere los 3.000€, podrá aplazarse o fraccionarse como máximo 18 meses.

b) El pago de las deudas cuyo importe esté comprendido entre más de 3.000 y 5.000€, podrá ser aplazado o fraccionado hasta 24 meses.

c) Cuando el importe de la deuda supere 5.000€, podrá ser aplazado o fraccionado hasta un máximo de treinta meses.

El fraccionamiento de la deuda no podrá dar lugar a cuotas mensuales inferiores a 60€ más los intereses correspondientes, exceptuado el supuesto previsto en el artículo 130.2; no obstante, atendiendo a circunstancias excepcionales de carácter personal en el solicitante, justificadas en el expediente, la Tesorería podrá proponer cuotas mensuales inferiores hasta un mínimo de 30€ y/o la ampliación del plazo de fraccionamiento hasta el 50 por 100 del máximo previsto con carácter ordinario en este artículo.

En ningún caso las deudas podrán aplazarse por un período superior al máximo que pudiera aplicarse en caso de fraccionamiento.

Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido el recargo de apremio, devengarán el interés de demora correspondiente, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.

Artículo 133.- Será órgano competente para conceder los aplazamientos o fraccionamientos no automáticos, el Presidente del Organismo Autónomo, a propuesta de la Gerencia, previo informe de la Tesorería.

Artículo 134.- Los contribuyentes podrán acogerse previa solicitud, a un sistema de pago personalizado para las deudas de ingreso periódico por recibo, correspondientes a todo el ejercicio, mediante la periodificación de los pagos a su elección en cuotas mensuales, bimestrales o trimestrales, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) La solicitud con aceptación expresa de las condiciones reguladas para este procedimiento de cobro, deberá formalizarse necesariamente mediante personación en cualquiera de las oficinas abiertas al público por el Organismo en la provincia, o alternativamente, a través de la Sede electrónica cuando se encuentre disponible este procedimiento por dicho medio. La solicitud podrá formalizarse durante el ejercicio anterior, o en el primer trimestre del ejercicio en que se pretenda aplicar la periodificación de pagos, debiendo concretar la periodificación por la que se opta, hasta un máximo de 12 mensualidades o las que resten en su caso para la finalización del ejercicio en el momento de la solicitud, considerando que la cuota mínima de pago no podrá ser inferior a 15 euros. La periodificación de pagos solicitada se concederá de forma automatizada sin resolución, previa verificación por el sistema informático del cumplimiento de las condiciones reguladas para su aplicación. Una vez aprobada la aplicación de este sistema de pago, tendrá vigencia indefinida hasta la renuncia manifestada de forma expresa por el contribuyente, o bien, cuando concurra alguno de los supuestos regulados que conlleva su anulación.

b) El sistema de pago periodificado de deudas, en ningún caso afectará a las liquidaciones de ingreso directo que pudieran aprobarse como consecuencia de los distintos procedimientos de gestión e inspección tributarios. Estas liquidaciones deberán ingresarse en los plazos regulados legalmente atendiendo a su fecha de notificación, sin perjuicio de que pueda solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda por el procedimiento ordinario.

c) Será requisito indispensable para la concesión o el mantenimiento del sistema de pago periodificado, que el contribuyente se encuentre al corriente en el pago de sus deudas ante el Organismo.

d) La cuota periódica a ingresar en cada ejercicio se estimará atendiendo a la periodificación de ingresos solicitada y a la deuda total liquidada en el ejercicio anterior al de su aplicación, actualizada con la situación censal del contribuyente a 31 de diciembre. Esta cuota periódica estimada inicialmente, se recalculará de forma automática en el supuesto de que la deuda real liquidada a una determinada fecha suponga una alteración superior a 10 euros, en más o menos sobre la estimada. En todo caso la última cuota referida al mes de diciembre, se determinará con la cuantía necesaria para regularizar el importe pendiente de pago que resta, de las deudas por ingreso periódico liquidadas en el ejercicio. En el caso de que la cuota de regularización correspondiente al mes de diciembre resultara negativa, la cuantía ingresada en exceso se descontará del importe a ingresar en los plazos del ejercicio siguiente, no obstante, cuando esto no fuera posible por algún motivo, o bien lo solicitara así el contribuyente, se procederá a la devolución inmediata de la cantidad mediante transferencia a la cuenta corriente señalada para la domiciliación siempre que no se hubiera indicado otra distinta, sin que proceda en estos supuestos la reclamación de intereses de demora.

e) El cobro de las cuotas periódicas se realizará en los 5 primeros días del mes correspondiente, mediante cargo a la cuenta de domiciliación que obligatoriamente deberá haber indicado el contribuyente en su solicitud. El impago de alguna de las cuotas periódicas mediante el rechazo de la entidad bancaria donde se encuentren domiciliadas, implicará automáticamente la cancelación del sistema de pago periodificado de deudas, sin necesidad de resolución expresa.

f) Los ingresos periódicos tendrán la consideración de ingresos a cuenta de las liquidaciones a practicar durante el ejercicio, imputándose a cada liquidación por orden de antigüedad, atendiendo a la fecha de aprobación, una vez se alcance la cuantía suficiente para su cancelación.

g) En caso de renuncia expresa del contribuyente o cancelación por otros motivos del sistema de pago periodificado de deudas, los ingresos realizados hasta ese momento se imputarán a las deudas liquidadas, continuándose la gestión de cobro por el procedimiento ordinario. En el supuesto de que alguna deuda se encontrara pendiente de pago habiendo vencido el período voluntario de cobro, se iniciará la gestión recaudatoria por el procedimiento de apremio.

h) El contribuyente recibirá comunicación respecto a las siguientes actuaciones durante el procedimiento:

- Justificante del sistema de periodificación de pagos a aplicar resultante de su solicitud.

- Copia de cada liquidación periódica practicada, indicando su inclusión en el sistema de pago periodificado.

- La cancelación, cuando proceda, del sistema de pago periodificado de deudas, indicando la aplicación de los ingresos realizados si los hubiere y la situación de las deudas liquidadas hasta ese momento.

- Liquidación definitiva del sistema de cobro aplicado durante el ejercicio, con determinación de la cuota final de regularización a aplicar en el mes de diciembre.

Artículo 135.- 1. Las normas del presente Capítulo, podrán ser desarrolladas mediante instrucción de la Presidencia del Organismo.

2. En todo caso, se estará supletoriamente a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y complementarias.

3. La concesión de moratorias sobre el pago de las deudas, estén o no liquidadas, solamente podrá otorgarse por Ley, con el alcance que esta misma precise.

CAPITULO VI

Otras formas de extinción de las deudas

Artículo 136.- Prescripción.

1. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario.

2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se regirá por lo que dispongan las leyes con arreglo a las cuales se determinaron y, en defecto de éstas, la Ley General Presupuestaria.

3. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado al pago.

4. Periódicamente, al menos una vez por año, el Organismo elaborará una propuesta colectiva para declarar la prescripción de oficio de todas aquellas deudas en que concurran las circunstancias previstas por las disposiciones vigentes. Esta propuesta será sometida a la aprobación de la Presidencia, previa fiscalización de la Intervención de acuerdo con los criterios que se fijen en la bases de ejecución del presupuesto.

5. Las deudas declaradas prescritas serán dadas de baja en cuentas.

6. El plazo de prescripción se interrumpirá en los supuestos previstos legalmente.

7.- La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago.

Artículo 137.- Compensación.

En los casos y con los requisitos que se establecen en la legislación de Régimen Local, Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor del Organismo que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto en voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos a favor del deudor.

Cuando se ejerzan las funciones recaudatorias por delegación de otros entes, la entidad titular de los derechos podrá acordar la compensación de deudas por su importe íntegro cuando se encuentren en voluntaria y por cualquier importe cuando se encuentren en ejecutiva. Comunicado el acuerdo de compensación, el Organismo practicará la correspondiente deducción en la próxima liquidación mensual, datando posteriormente el ingreso aplicado.

Artículo 138.- Condonación.

Las deudas solo podrán ser objeto de condonación, en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

CAPITULO VII

Procedimiento de apremio

Artículo 139.-1. La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos durante el período voluntario, iniciará el período ejecutivo, efectuándose la recaudación de las deudas a través del procedimiento administrativo de apremio sobre el patrimonio del deudor.

2. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean exigibles, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Los intereses de demora devengados por las deudas en descubierto, se exigirán en todo caso con independencia de la cuantía que representen.

4. Tendrán la consideración de costas del procedimiento, entre otros, los gastos originados por la realización de las notificaciones administrativas.

Artículo 140.- 1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo, siendo privativa de la Administración la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias. No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. No se suspenderá por la iniciación de aquellos, salvo cuando proceda de acuerdo con las normas sobre concurrencia de procedimientos.

2. El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la legislación vigente.

Artículo 141.- El ejercicio de las distintas actuaciones necesarias durante el procedimiento recaudatorio, se atribuye con arreglo al siguiente régimen de competencias:

a) Competencias que corresponderán al Consejo Rector del Organismo:

i. Plantear previo informe del Servicio Jurídico, conflictos jurisdiccionales ante los jueces y tribunales cuando proceda durante la tramitación del procedimiento de apremio.

ii. La autorización para suscribir acuerdos o convenios en procesos concursales cuando incluyan quitas y esperas.

b) Competencias atribuidas a la Presidencia del Organismo u órgano en quien delegue:

i. Plantear tercerías de mejor derecho a favor de la Hacienda local, a propuesta de la Gerencia del Organismo.

ii. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos en los términos regulados en la presente Ordenanza.

iii. Aprobar los expedientes individuales o colectivos sobre declaración de prescripción, previa fiscalización de la Intervención.

iv. Acordar la autorización, suspensión o cancelación, a las Entidades de depósito para operar como Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial, a propuesta de la Gerencia.

v. Acordar con sujeción a lo dispuesto en la presente Ordenanza, la fijación de los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas.

vi. Publicar los anuncios de cobranza de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

vii. Acordar previo informe de los Servicios Jurídicos, la exigencia de responsabilidad civil o penal, cuando existan indicios de simulación de cargas preferentes sobre bienes embargados que impiden o dificultan la efectividad de los débitos.

viii. Dictar instrucciones interpretativas de las normas aplicables en cada caso.

ix. Resolver las reclamaciones de tercería de dominio presentadas por los interesados, previo informe de los Servicios Jurídicos.

x. Acordar la declaración de fallidos de los deudores principales y de los responsables solidarios, en los casos que proceda reglamentariamente, previo informe de la Tesorería y la fiscalización de Intervención.

xi. Las que se le asignan en otros apartados de la presente Ordenanza, y cualquier otra que no esté atribuida legal o reglamentariamente a otro órgano.

c) Competencias atribuidas a la Gerencia del Organismo:

i. Aceptar o exigir la constitución de hipoteca especial, previo informe de la Tesorería, en garantía de los créditos de la Hacienda local.

ii. Acordar la adopción de las medidas previstas en el artículo 90.6 del Reglamento General de Recaudación, en relación con la ejecución del embargo en establecimientos mercantiles e industriales, previo informe de la Tesorería.

iii. Declarar previo informe de la Tesorería, la responsabilidad solidaria del depositario por levantamiento de bienes embargables.

iv. Nombrar depositario de los bienes embargados cuando sus funciones impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución, previo informe del Tesorero.

v. Autorizar la celebración de subastas a través de empresas o profesionales especializados a propuesta del Tesorero.

vi. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería la enajenación de los bienes embargados por el procedimiento de concurso.

vii. Acordar cuando proceda, a propuesta de la Tesorería, la venta de los bienes embargados mediante adjudicación directa y su resolución en los supuestos previstos en el artículo 107.1 b) y c) del Reglamento General de Recaudación.

viii. Solicitar la protección y el auxilio de las autoridades de orden público cuando lo requiera el ejercicio de la actividad recaudatoria.

ix. Solicitar al Juez cuando corresponda, la autorización para la entrada en el domicilio de los deudores.

x. Dictar los actos administrativos de derivación de responsabilidad en todos los supuestos en que legalmente proceda, previo informe del Tesorero.

xi. Las demás que expresamente le estén atribuidas en el articulado de esta Ordenanza General.

d) Competencias cuyo ejercicio corresponderá al Tesorero del Organismo:

i. El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.

ii. Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter, y resolver los recursos de reposición que pudieran plantearse contra la misma.

iii. Acordar la enajenación mediante subasta de los bienes embargados, fijando día, hora y local en que deba celebrarse, así como el tipo de subasta para licitar.

iv. Presidir la Mesa de subasta y realizar cuantas actuaciones le correspondan reglamentariamente.

v. Elevar propuesta razonada de adjudicación directa a la Mesa y formalizar la correspondiente acta de adjudicación, en el caso previsto en el artículo 150.1a) del Reglamento General de Recaudación.

vi. Acordar la iniciación de actuaciones de investigación a propuesta del Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria, cuando existan indicios razonables para presumir el levantamiento de bienes embargables.

vii. Proponer cuando proceda, la declaración de fallidos para los deudores y otros responsables y la declaración de incobrables para los créditos, así como su revisión o rehabilitación en caso de solvencia sobrevenida.

viii. Proponer cuando proceda legalmente, la adopción de acuerdo sobre prescripción de las deudas.

ix. Las demás previstas en el articulado de esta Ordenanza

e) Corresponderá a la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria, el ejercicio de las siguientes funciones:

i. Notificar la providencia de apremio dictada por el Tesorero, utilizando para ello los procedimientos informáticos previstos para el tratamiento masivo de documentos mediante huella digital.

ii. Requerir toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia para la recaudación de las deudas, en los términos previstos reglamentariamente.

iii. Recabar de las Entidades de depósito información sobre movimientos de las cuentas de todo tipo.

iv. Acordar la ejecución de garantías que no consistan en hipoteca, prenda con o sin desplazamiento u otras de carácter real.

v. Expedir mandamientos de anotación preventiva de embargo, cancelación de embargo y cargas, y demás documentos necesarios para la cumplimentación de actuaciones recaudatorias en los Registros públicos.

vi. Formalización de diligencias de embargo sobre toda clase de bienes y derechos.

vii. Nombrar depositarios de bienes embargados y su remoción.

viii. Actuar como Secretario de la Mesa de subasta.

ix. Otorgar de oficio escrituras de venta de los bienes enajenados en caso de no otorgarlas los deudores.

x. Requerir a los deudores la presentación de los títulos de propiedad de los bienes embargados y, en caso de no presentarlos, dirigir mandamiento al Registrador de la propiedad para que, a costa de los deudores, libre certificaciones sustitutivas.

xi. Publicar y notificar los anuncios de subasta, y todos los demás actos del procedimiento de apremio con sujeción a lo dispuesto reglamentariamente

xii. Las demás que expresamente se le asignen en el articulado de la presente Ordenanza.

Artículo 142.- Durante el procedimiento de apremio y atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en los tributos de carácter local (elevado número de deudas y escasa cuantía), siempre que fuera posible, se facilitará la tramitación y el impulso de los expedientes en formato electrónico, utilizando procesos informáticos seguros en su elaboración para garantizar el correcto cumplimiento de las exigencias legales. En estos supuestos, los funcionarios y órganos a los que corresponda el ejercicio de los diferentes trámites, velarán por la correcta ejecución de los mismos, mediante el conocimiento y comprobación del buen funcionamiento de los aplicativos informáticos dispuestos para su realización.

Las notificaciones y demás trámites que fueran precisos durante el procedimiento de apremio, se elaborarán utilizando medios informáticos, y siempre que sea posible se generarán en documentos electrónicos con firma digital.

Artículo 143.- 1. La providencia de apremio notificada al deudor es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

2. Es órgano competente para dictar la providencia de apremio el Tesorero del Organismo, incluso para los supuestos en que se ejercite la facultad recaudatoria, por delegación de otras Administraciones públicas integradas en el territorio de la provincia.

3. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se haya iniciado por el propio Organismo en período voluntario, la providencia de apremio se dictará en base a una certificación de descubierto fiscalizada por la Intervención.

4. Cuando el ejercicio de la facultad recaudatoria se inicia una vez concluido el período voluntario, mediante cargo procedente de otras Entidades que hubieran delegado sus competencias en Diputación, la providencia de apremio se dictará en base a las relaciones certificadas de descubierto suscritas por el Interventor de la entidad titular de las deudas.

5. En los supuestos en que se ejerzan funciones recaudatorias por convenio de colaboración con otras administraciones públicas distintas a los entes locales integrados en la provincia, la providencia de apremio corresponderá dictarla al órgano competente de la administración titular de los derechos.

6. La vía de apremio será improcedente si se hubiere omitido la providencia de apremio.

Artículo 144.- Contra la procedencia de la vía de apremio, sólo serán admisibles los motivos de oposición que se determinan en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación vigente.

En el supuesto de ejercicio de la función recaudatoria por delegación de otras administraciones locales, la impugnación de los actos producidos en el curso del procedimiento apremio, fundamentada en motivaciones que aluden a las actuaciones llevadas a cabo por la administración delegante, ocasionará automáticamente la paralización de los trámites de ejecución y la remisión de la reclamación a la citada administración para que resuelva lo que proceda en derecho. Adoptada la resolución y comunicada formalmente al Organismo, procederá según lo dispuesto en la misma, la continuación del procedimiento de apremio o la baja en contabilidad de la deuda. En el supuesto de que transcurridos tres meses, no se hubiere dictado resolución por la administración titular del derecho, el Organismo procederá al descargo de la deuda por paralización injustificada del procedimiento.

Artículo 145.- Sin perjuicio de las instrucciones que en cada caso se dicten sobre fijación de los plazos de vencimiento de los abonarés en período ejecutivo, los plazos mínimos de ingreso de las deudas resultantes de liquidaciones apremiadas, serán los siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Artículo 146.- Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, mediante resolución de la Tesorería, se podrán adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 147.- 1. El procedimiento de apremio termina:

a) Con el cierre del expediente una vez pagado el débito.

b) Con la declaración de incobrable total o parcial de los créditos, por declaración de insolvencia de los deudores principales y responsables solidarios o por la concurrencia de los requisitos previstos en la presente Ordenanza.

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguido el débito por cualquier otra causa legal.

2. En los casos de fallido total o parcial de la deuda por declaración de insolvencia, el procedimiento de apremio ultimado se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga noticias de que el deudor o responsable son solventes.

Si vencido este plazo no se hubiera rehabilitado la deuda, quedará esta definitivamente extinguida.

Artículo 148.- 1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.

2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.

3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.

4. El cálculo y pago de los intereses se realizará en el momento del pago de la deuda apremiada. Durante el plazo de vencimiento de un abonaré permanecerán inalterables los intereses calculados en el momento de su emisión, transcurrido este plazo, si la deuda no resulta abonada, se actualizarán, y continuarán computándose de forma diaria, hasta la emisión de un nuevo abonaré.

5. No será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados, si con ocasión de la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo.

Artículo 149.- 1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 145 de esta Ordenanza sin haberse efectuado el ingreso requerido, el Jefe del Servicio de Gestión Recaudatoria iniciará el procedimiento para el embargo de bienes y derechos en cantidad suficiente hasta cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que se produzcan.

Cuando las deudas providenciadas de apremio fueran objeto de acumulación a un expediente ejecutivo ya iniciado con anterioridad, se continuará la tramitación en la fase que se encontrara el expediente. No obstante, en los sucesivos trámites de ejecución, se informará al deudor del nuevo importe que representan las deudas perseguidas en el expediente.

2. Realizadas actuaciones para la investigación de bienes y derechos del deudor susceptibles de ser embargados, se elevará propuesta de traba a la Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria que dictará la correspondiente diligencia de embargo, guardando el orden de prelación legalmente establecido.

Artículo 150.- La ejecución de los embargos se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, con las siguientes especificaciones:

a) La Gerencia del Organismo designará de entre el personal que no ostenta la condición de funcionario, aquellos trabajadores que habrán de desempeñar funciones de Agentes de Recaudación. Los Agentes de Recaudación, contarán con acreditación oficial y actuarán en todo el ámbito provincial, incluidos los municipios donde la Diputación no ejerza competencias delegadas por los Ayuntamientos sobre gestión recaudatoria.

Será cometido de estos Agentes la realización de actuaciones de carácter material necesarias durante el procedimiento de apremio y previamente ordenadas por la Tesorería o la Jefatura del Servicio de Recaudación, tales como: Realización de notificaciones personales; Investigación de bienes susceptibles de embargo; Tramitación de actuaciones ante Ayuntamientos, Registros Civiles y Mercantiles y otros organismos oficiales; cumplimentación de las ordenes contenidas en las diligencias de embargo, etc&.

b) El embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en Entidades de depósito, podrá tramitarse utilizando medios informáticos y/o telemáticos, siguiendo los procedimientos normalizados establecidos al efecto por el Consejo Superior Bancario, la Confederación de Cajas de Ahorro y las normas aceptadas para el funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de la Recaudación Provincial. La Presidencia, podrá dictar las instrucciones que fueran necesarias para facilitar su correcto funcionamiento.

c) A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre el importe de la deuda y los medios utilizados para su cobro, únicamente podrán llevarse a cabo las siguientes actuaciones de ejecución, para deudas cuya cuantía total por principal, no supere los 500 euros:

c.1. Deudas cuyo pendiente de cobro por principal es igual o inferior a 3 euros:

i. Concluido el plazo de cobro voluntario, no procederá la tramitación de la vía de apremio hasta tanto el deudor no acumule un nueva deuda por importe superior a 3 euros, o bien, el importe acumulado de las deudas inferiores a 3 euros alcance los 12 euros. Transcurridos más de 3 años desde el fin del período voluntario sin que se haya iniciado la tramitación del apremio, se procederá a la baja en cuentas de las deudas inferiores a 3 euros, previa fiscalización de Intervención.

ii. No obstante, dentro del plazo de prescripción, podrán rehabilitarse éstas deudas cuando su importe acumulado para un mismo deudor supere los 12 euros.

c.2. Deudas cuyo importe pendiente de cobro por principal se encuentre comprendido entre 3 € y 250 €:

i. Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en dos Entidades de depósito.

ii. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

iii. Sueldos salarios y pensiones.

c.3. Deudas cuyo importe principal se encuentre comprendido entre 250 € y 500 €. Atendiendo a su mayor facilidad de enajenación y a la menor onerosidad para el obligado al pago, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de ejecución:

i. Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas al menos en dos Entidades de depósito.

ii. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

iii. Sueldos salarios y pensiones.

iv. Intereses, rentas y frutos de toda especie.

v. Embargo de vehículos.

d) Cuando el resultado de las actuaciones de embargo expresadas en el apartado anterior sea negativo, se formulará propuesta a la Presidencia, previa fiscalización de la Intervención, para la baja en cuentas de las deudas. No obstante, en tanto no prescriba la acción para exigir el pago, podrá acordarse su rehabilitación, en los siguientes supuestos:

d.1. Cuando se detecte la existencia de nuevos bienes embargables en razón de la cuantía acumulada de la deuda.

d.2. Cuando se generen nuevos créditos contra el mismo deudor que notificados de apremio y no satisfechos, acumulados a los que estuvieren de baja sumen una cuantía superior a los 500 euros.

e) En los casos de embargo de bienes inmuebles, una vez tramitada la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad para el aseguramiento del crédito, se actuará atendiendo a los siguientes criterios:

e.1. Atendiendo a la naturaleza periódica de una gran parte de los tributos locales, no se iniciará el procedimiento de enajenación hasta tanto la deuda acumulada del obligado al pago no alcance el importe mínimo de 5.000 euros por todos los conceptos, o alternativamente un importe igual o superior al 20 por ciento del valor neto estimado del inmueble.

e.2. Transcurridos tres años desde la notificación de la diligencia de embargo sin que el importe de la deuda acumulada haya alcanzado el importe mínimo exigido para iniciar la enajenación del inmueble y siempre que no existieran otros bienes susceptibles de embargo, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) anterior para la declaración del crédito como incobrable. Cuando la acumulación de créditos contra el deudor no prescritos alcancen los 5.000 euros, se procederá a la rehabilitación de la deuda y la continuación de las actuaciones para la ejecución del bien.

e.3. Acordada la enajenación del inmueble, si no resultara adjudicado en primera o segunda subasta, solo podrán aceptarse ofertas en el trámite de adjudicación directa por importes que sean iguales o superiores al 30 por 100 del tipo de la subasta en primera licitación y que cubran íntegramente el importe de la deuda. Concluido el plazo de ofertas para la adjudicación directa, antes de la adjudicación se dará comunicación al obligado al pago de la mejor oferta recibida con la finalidad de que en el plazo de diez días pueda presentar a un tercero con una oferta superior, o alternativamente cancelar mediante ingreso la deuda.

f) El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública salvo que sea expresamente aplicable otra forma de enajenación. El Tesorero del Organismo acordará la enajenación mediante subasta señalando día, hora y local en que habrá de celebrarse y el tipo para licitar.

La mesa para la subasta de bienes embargados estará compuesta por los titulares de los siguientes puestos, o en su caso, por quienes legalmente les sustituyan:

i. La Tesorería del Organismo que actuará como Presidente

ii. La Jefatura del Servicio de Gestión Recaudatoria que intervendrá como Secretario

iii. La Intervención del Organismo.

iv. La Jefatura del Departamento de Recaudación Ejecutiva.

Artículo 151.- 1. Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas en el período de apremio, por ignorarse el domicilio del deudor o por insolvencia del mismo y de los demás responsables, podrán declararse créditos incobrables mediante resolución del Presidente del Organismo, previa fiscalización de la Intervención.

Se declararán así mismo como incobrables los créditos, con independencia de su cuantía, cuando realizadas las actuaciones oportunas de comprobación no sea posible la expedición de la providencia de apremio, bien por desconocerse la denominación completa del deudor, el número de identificación fiscal o el domicilio.

La Presidencia del Organismo, dictará las instrucciones necesarias sobre los trámites que deberán cumplimentarse para la justificación de los expedientes de declaración de insolvencia.

No obstante lo anterior, atendiendo a los criterios de eficiencia y proporcionalidad que deben presidir las actuaciones administrativas, se entenderá suficiente para que sea declarada como incobrable la deuda, la justificación de las actuaciones previstas en los siguientes apartados:

a. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro por todos los conceptos sea inferior a 5.000 euros, en el supuesto contemplado en el artículo 150 e) de esta Ordenanza:

i. La notificación de la providencia de apremio en la forma legalmente prevista.

ii. La inexistencia de bienes susceptibles de embargo, excluidos los bienes inmuebles.

b. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supere los 500 euros de principal y, siempre que la identificación del deudor disponga de NIF/NIE:

i. La notificación de la providencia de apremio en la forma legalmente prevista.

ii. El intento negativo de embargo previsto en el artículo 150 de esta Ordenanza, atendiendo a la cuantía de la deuda.

c. Cuando la cuantía de la deuda pendiente de cobro no supere los 300 euros de principal, será suficiente la acreditación del fallecimiento del deudor o la disolución de la empresa.

2. Realizados los trámites reglamentarios, el expediente pasará a fiscalización de la Intervención de fondos, quien podrá devolverlo al Servicio de Recaudación en el caso de que pudieran aportarse nuevos elementos de juicio sobre el paradero o bienes del deudor perseguido, en el supuesto de no poderse aportar nuevos datos o acreditarse la imposibilidad o ineficacia práctica de poder continuar el procedimiento con base en los nuevos datos facilitados, la Tesorería elevará la oportuna propuesta de falencia.

3. Una vez aprobado el expediente por la Presidencia, se formalizará la correspondiente data para la baja del crédito en las respectivas cuentas.

4. Mediante resolución de la Presidencia del Organismo, podrá acordarse la declaración de fallido de un deudor por referencia al expediente tramitado por otra Administración pública.

5. En los supuestos de ejercicio por el Organismo Autónomo de facultades de recaudación asumidas por delegación de otras Administraciones públicas titulares de la exacción, los expedientes de créditos incobrables una vez concluida su tramitación, según el procedimiento antes descrito, serán aprobados igualmente por el Presidente del Organismo, remitiéndose posteriormente a la Administración delegante para su baja en las correspondientes matrículas, censos o padrones.

6. Se formará un fichero provincial de contribuyentes fallidos que contenga los antecedentes necesarios para poder reclamar el débito, dentro del plazo de prescripción, si el deudor fuere localizado o hubiera adquirido solvencia cualquiera de los obligados.

7. Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados o responsables.

Disposición Transitoria

Los expedientes que se encontraren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se regirán por la misma en todas aquellas disposiciones que supongan un tratamiento más favorable al interesado, en caso contrario se concluirá su tramitación conforme a la normativa anterior.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en las distintas Ordenanzas fiscales provinciales que se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ordenanza General.

Disposición Final

La presente Ordenanza General entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resultando de aplicación hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OBTENCION DE COPIAS DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4 y 132.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Diputación Provincial de Córdoba establece la Tasa por la obtención de copias de expedientes tributarios.

Artículo 2º.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada, a instancia de parte, con motivo de la preparación de la documentación, tramitación y expedición de copias de los documentos de expedientes tributarios, de los que entienda el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos y Responsables

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten la expedición de las copias de los documentos.

En materia de responsabilidad tributaria se estará a lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4º.- Devengo

El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa para la expedición de las copias de los documentos, que no se prestará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 5º.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria resultará de la aplicación de las tarifas descritas en el artículo siguiente, conforme al número de copias realizadas de los documentos integrantes del expediente tributario.

Artículo 6º. Tarifas

Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran de la siguiente forma:

a) Por la copia del primer documento que integra el expediente tributario: 2,80 euros.

b) Por cada copia de los sucesivos documentos del expediente tributario: 0,30 euros.

Artículo 7º.- Beneficios Tributarios

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 8º.- Normas de Gestión

La tasa regulada en esta Ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación y deberá satisfacerse con anterioridad a la prestación del servicio.

La gestión y recaudación de la tasa corresponderá al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones Tributarias

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la Ley General Tributaria y las normas que la complementen y desarrollen.

Disposiciones Finales

Primera. Para todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza, será de aplicación la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Segunda. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA PROVINCIAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE AQUELLOS SERVICIOS DE NO RECEPCIÓN OBLIGATORIA, EN EL ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES DE TRATAMIENTO, RECOGIDA, O GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS O MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO DE 2013

Art. 1.- Disposiciones Generales.

En uso de las atribuciones establecidas en la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2.011, de 28 de julio, en adelante), Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de Andalucía; el Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo dispuesto en los, 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R.D.Lg. 2/2.004, de 5 de Marzo, esta Excma. Diputación Provincial de Córdoba aplica precios públicos, por la prestación de servicios en el ámbito de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida y gestión integral de residuos domésticos o municipales, que no sean de recepción obligatoria, y por tanto, de solicitud voluntaria por parte del obligado al pago. Los servicios de carácter obligatorio en el ámbito definido anteriormente se incluyen en la Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida, o gestión integral de residuos domésticos o municipales en la provincia de Córdoba así como en el Reglamento del servicio supramunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Córdoba, que aprueba la Diputación Provincial de Córdoba.

Art. 2.-Definiciones aplicables a la presente Ordenanza:

A los efectos previstos en la presente Ordenanza se considerará:

a) Residuos, objeto de la presente Ordenanza: Aquellos restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes del consumo doméstico, la limpieza normal de viviendas, alojamientos y locales, los residuos de actividades industriales, comerciales y de servicio que puedan asimilarse a domésticos.

b) Actividad económica: A efectos de esta Ordenanza se entenderá actividad económica aquella operación empresarial, profesional, comercial, recreativa, artística, de servicios o análogas que realice el obligado al pago, entendiéndose iniciada desde el momento que se realicen cualesquiera entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, se efectúen cobros o pagos o se contrate personal, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

c) Servicios especiales: Servicio de recogida de los residuos domésticos de naturaleza orgánica procedentes de viviendas, establecimientos industriales, comerciales y de servicio, asimilables a basuras domiciliarias, cuyo lugar de recogida se encuentra fuera del recorrido habitual del municipio donde se presta el servicio de recogida domiciliaria.

I PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES.

Art. 3.- Objeto del servicio.

Comprende la prestación del servicio de recogida a los obligados al pago de esta ordenanza de los residuos domésticos procedentes de viviendas, establecimientos industriales, comerciales y de servicio, así como los asimilables a basuras domiciliarias, y las domésticas no peligrosas, cuyo lugar de recogida se encuentra fuera del recorrido habitual del municipio donde la Empresa provincial de residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA, en adelante) presta el servicio de recogida domiciliaria, por lo que se tiene que realizar un desplazamiento extra y una recogida en exclusividad.

Se caracteriza, además de ser una recogida especial, por tener una frecuencia de recogida variable y distinta a la que se tiene en los municipios donde EPREMASA preste el servicio de recogida, y porque los contenedores instalados son de uso exclusivo.

La frecuencia de recogida, la ubicación, tipo y número de los diferentes contenedores, vendrá fijada por la propia EPREMASA para cada caso, y en virtud de las características de cada zona de recogida así como de las vías, accesos y distancias a recorrer, y en base a los procedimientos técnicos y las formas de gestión que en cada momento se estime conveniente, pudiendo introducir al efecto las modificaciones necesarias en la organización del servicio de recogida de residuos, y previa implicación del Ayuntamiento competente en el término municipal correspondiente, en su caso.

Art. 4.- Obligaciones de pago.

Los solicitantes, ya sean personas física o jurídicas, de las autorizaciones preceptivas para la recepción de los servicios especiales, bajo los términos previstos en el artículo anterior.

Art. 5.- Cuantías.

Por la prestación de servicios especiales de recogida y tratamiento, a los obligados al pago de este tipo de servicios, se girarán las siguientes cuantías:

- Por kilómetro recorrido: 4,58€/km

- Por disponibilidad y mantenimiento del/os contenedor/es: 0,0745€/litro.

- Por el tratamiento y eliminación de los residuos domésticos: 0,04081€/kilo.

Una vez analizado el servicio a prestar por el área técnica de la empresa, se determinará la cuantía total conforme a la frecuencia de recogida, y la capacidad del/os contenedor/es.

La cuantía de recogida se determinará según los kilómetros a recorrer, de acuerdo con la frecuencia de recogida establecida y la distancia a recorrer, desde el lugar más próximo en la ruta habitual municipal hasta el lugar donde se ubique el contenedor/es solicitado/s. Para la cuantía de tratamiento se establece una ratio de 100 kilos por cada 1.000 litros de capacidad, y se liquidará atendiendo al número de recogidas establecidas, siendo la prestación mínima a desarrollar en este ámbito a través de un contenedor de 1.000 litros.

II PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO EN INSTALACIÓN PROVINCIAL, ASÍ COMO DE TRANSPORTE DESDE LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA AL/LOS CENTRO/S DE TRATAMIENTO.

Art. 6.- Objeto del servicio.

La prestación de los servicios de tratamiento en instalación provincial para aquellos obligados al pago que no reciban el servicio de recogida de sus residuos contemplados en el ámbito del servicio de gestión integral de residuos domésticos, tal y como se regula en la Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa, y que lo soliciten, así como en su caso, la prestación del servicio de transporte de residuos desde las Plantas de Transferencia al/os Centro/s de tratamiento, cuando estos residuos no sean depositados directamente en un Centro de tratamiento provincial. La admisión de este tipo de residuos estará sujeta a unas condiciones determinadas, y concretamente a las fijadas en el Reglamento del Servicio Supramunicipal de Gestión integral de residuos domésticos en la provincia de Córdoba que aprueba la Diputación de Córdoba.

Art.7.- Obligados al pago.

Las personas físicas y jurídicas, que soliciten voluntariamente las correspondientes y preceptivas autorizaciones para la recepción del servicio de tratamiento y/o transportes desde las instalaciones de Transferencia a las de Tratamiento, en vertedero provincial, que la Diputación Provincial gestione.

Art.8.- Cuantías.

Los obligados al pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, de esta Ordenanza, que desarrollen actividades económicas, y soliciten la autorización de vertido, en las instalaciones provinciales habilitadas para tal efecto, podrán depositar los tipos de vertidos y realizar las siguientes actividades, a los cuales les serán de aplicación las siguientes cuantías:

-a.- Tratamiento de residuos procedentes de actividades económicas asimilables a basuras domiciliarias, así como las no asimilables a basuras domiciliarias, incluidas los residuos domésticos, que no sean tóxicas ni peligrosas: 40,81 euros/tonelada.

-b.- Transporte desde Estaciones de Transferencias hasta Instalaciones de Tratamiento, de los residuos contemplados en el apartado a), anterior: 20,73 euros/tonelada.

En ambos casos estas cuantías se prorratearán en función de las cantidades realmente vertidas, con un mínimo de 10€.

III CONDICIONES GENÉRICAS PARA TODOS LOS PRECIOS PÚBLICOS.

Art. 9.- Exclusiones de los objetos de los servicios.

De la definición de los anteriores objetos de los servicios, quedarán excluidas las siguientes actividades:

No se realizan los servicios de gestión de los residuos de vehículos, maquinaria, equipo industrial abandonado, escombros y restos de obras, residuos biológicos, los residuos industriales, y los generados en Centros sanitarios, pertenecientes al Grupo III y IV del Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud aprobado por Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, o el vigente en cada momento, de investigación o fabricación, que tengan una composición biológica y deben someterse a tratamiento específico, residuos tóxicos y peligrosos, lodos y fangos, residuos de actividades agrícolas, envases aplicados a agricultura, detritus humanos, materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. Se incluyen los residuos provenientes de mataderos.

Los servicios de gestión interpretarán las dudas que pudieran existir sobre los productos o circunstancias no claramente excluidos.

Los productores y/o poseedores de los residuos descritos en este apartado deberán ponerlos a disposición de la Administración o Entidad encargada de las diversas actividades de gestión en la forma legalmente prevista. Mientras tanto deberán mantenerlos en condiciones tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna clase de riesgo atendiendo a su diferente naturaleza y siendo responsables de los perjuicios que causen hasta su puesta a disposición de la Entidad encargada de su gestión.

Art. 10.- Reducciones y bonificaciones.

No se establece ningún tipo de reducción o bonificación para los obligados al pago de ninguno de estos precios públicos.

Art. 11.- Nacimiento de la obligación.

La obligación de pagar los precios públicos nace con el inicio de la prestación del servicio o la realización de la actividad, y en todo caso, desde el momento de utilizar el servicio. Esto quedará condicionado a la correspondiente autorización, si corresponde, por parte de la entidad que gestione el servicio solicitado. Las liquidaciones se practicarán con anterioridad a la prestación del servicio o en el mismo momento, cuando la ausencia de datos necesarios para la determinación de la cuantía no se posea hasta ese momento.

Art. 12.- Gestión de cobro.

A) Los obligados al pago que se beneficien por la prestación de los servicios especiales, vendrán obligados a abonar las cuantías correspondientes antes de habérseles prestado estos servicios.

B) Los obligados al pago de actividades al que se les preste el servicio de tratamiento en Instalación provincial, así como de transporte desde las Plantas de Transferencia a los Centros de Tratamiento, vendrán obligados a abonar las cuantías correspondientes en el momento de habérseles prestado este servicio.

C) Para aquellos supuestos en los que el obligado al pago sea un Ayuntamiento y con la finalidad de proceder a la liquidación por cualquiera de los servicios prestados a los mismos, los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de sesenta días para proceder a su abono. Si transcurrido el anterior plazo el Ayuntamiento no ha abonado el total de la liquidación total, o en su caso prorrateada, practicada por estos servicios, la Diputación Provincial podrá iniciar, sin más notificación, el procedimiento de compensación de aquellas deudas vencidas no liquidadas con cualquier de los ingresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar en las Arcas Municipales. En el supuesto de que en el mes siguiente a la finalización del período de ingreso no hayan abonado las liquidaciones correspondientes se podrá dejar de prestar el servicio.

D) Una vez analizado técnicamente el servicio solicitado voluntaria y previamente por el obligado al pago correspondiente, a través del formato de solicitud de que se acompaña como Anexo de esta Ordenanza, y verificada, por parte de EPREMASA, que el mismo se puede realizar en los términos solicitados, se elevará una valoración del mismo en el mismo formato, al solicitante, el cual tendrá que aceptar expresa y previamente su ejecución material bajo los criterios técnicos y económicos propuestos, para aplicarle posteriormente las cuantías correspondientes a cada objeto del servicio.

E) Se autoriza a Epremasa a que lleve a cabo la gestión, y cobro de las cuantías reflejadas en la presente Ordenanza.

Art. 13.- Compatibilidad de sanciones.

El abono de los precios públicos establecidas en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la normativa legal vigente.

Art.14.- Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo previsto, siempre y cuando se aplicable, en lo previsto en la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, R.D.Lg. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Decreto 283/95, de 21 de Noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de Andalucía; o el vigente en cada momento, la legislación penal, la Ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida, o gestión integral de residuos sólidos urbanos o municipales en la provincia de Córdoba, que también aprueba la Diputación Provincial de Córdoba y el Reglamento del Servicio supramunicipal de gestión integral de residuos domésticos en la provincia de Córdoba, también aprobado por este organismo supramunicipal, y demás derecho concordante vigente o que pueda promulgarse.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión del día 15 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 una vez publicada íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia antes de esta fecha y si no fuera así el día siguiente al de esta publicación permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO FORMULARIO SOLICITUD DE SERVICIOS SOMETIDOS A PRECIOS PÚBLICOS.

(Marcar con una x el servicio solicitado)

SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE NO RECEPCIÓN OBLIGATORIA (PRECIOS PÚBLICOS)

DATOS ES DEL OBLIGADO AL PAGO

FECHA SOLICITUD:

Mediante fax, correo

SOLICITANTE:

CIF o NIF:

EN REPRESENTACIÓN DE:

CIF o NIF:

DOMICILIO SOCIAL:

CP:

PROVINCIA:

TFNO:

e-mail:

I. DATOS DE SERVICIOS ESPECIALES

LUGAR DEL SERVICIO:

POBLACIÓN UBICACIÓN:

TIPO RESIDUOS:

RSU:

RUTA RECOGIDA:

ELEMENTOS TRIBUTARIOS DEL SERVICIO

Nº CONTENEDORES:

CAPACIDAD:

TOTAL LITROS DISPONIBLES:

KM RECORRIDO (ida y vuelta):

(desde el contenedor más cercano del recorrido habitual)

FRECUENCIA RECOGIDA:(semanal o mensual)

OBSERVACIONES:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

.- cuantías recogida.-

.- cuantías tratamiento.-

.- cuantías disponibilidad.-

Total.

HECHO IMPONIBLE

CUANTÍAS

Nº DE SERVICIOS (contenedores)

TOTAL

II. DATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO EN INSTALACIÓN PROVINCIAL, ASÍ COMO DE TRANSPORTE DESDE LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA A LOS CENTROS DE TRATAMIENTO

HECHO IMPONIBLE

CUANTÍAS (*)

Nº TONELADAS

TOTAL

Residuos procedentes de actividades económicas asimilables a basuras domiciliarias, así como las no asimilables a basuras domiciliarias que no sean tóxicos ni peligrosos.

40,81 €/tonelada

Transporte desde instalaciones de Transferencia hasta instalaciones de Tratamiento de los residuos contemplados en el anterior apartado.

22,72 €/tonelada

(*) Las cuantías serán prorrateadas en función de las cantidades realmente vertidas, con un mínimo de 10€

Firma del Solicitante

En&&&&&&&&&&&&&&&, a de 2013.

Vº Bª Dirección Técnica.

 

Vº Bº Dirección Económica.

 

ORDENANZA FISCAL PROVINCIAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de lo establecido en los artículos 11 y 60 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Córdoba establece las tasas por la prestación de los servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo integral hidráulico, que se regirán por la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible objeto de estas exacciones, el desarrollo de la actividad supramunicipal de gestión de los servicios relacionados con el Ciclo Integral:

1.- Tasa del Servicio supramunicipal de gestión del Ciclo Integral Hidráulico en la provincia de Córdoba, en concreto:

a) El suministro domiciliario de agua de viviendas, alojamientos, locales, o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas, sanitarias, clínicas, ambulatorios y servicios de recreo. Esta condición se presumirá en todos los inmuebles que tengan Licencia Municipal e instalación general de agua potable y recogida de agua usada por el sistema municipal de alcantarillado, ubicados en las calles, distritos y polígonos en que se preste el servicio.

b) La recogida de aguas residuales a través de las redes de alcantarillado, su tratamiento para depurarlas cuando se disponga de las instalaciones adecuadas, y su posterior vertido a cauce público.

c) Todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para la prestación de los servicios indicados en los puntos a) y b).

Las relaciones con el usuario vendrán reguladas por el Decreto 120/1991, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua para la Comunidad Autónoma Andaluza, por la reglamentación que, en su desarrollo, se pudiera dictar y por las disposiciones de esta Ordenanza, aplicándose en lo no previsto en las mismas las normas técnicas que regulen el servicio.

2.- Tasa por suministro de agua en alta a los municipios incluidos en el ámbito del Servicio Supramunicipal creado al efecto por la Diputación Provincial de Córdoba.

Comprenderá dicha prestación la captación de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento en Alta a los municipios, su potabilización y distribución, así como la reparación, mantenimiento y mejora de las instalaciones correspondientes.

3.- Tasa por Depuración de Aguas Residuales. El desarrollo de las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones de depuración: explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual (E.B.A.R.s) y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.s), así como su posterior vertido a cauce público.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes:

- En la tasa del Servicio Supramunicipal de gestión del Ciclo Integral Hidráulico, que abarca el suministro domiciliario de agua potable y saneamiento: las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado, susceptibles de imposición que soliciten o resulten beneficiadas por la prestación de dichos servicios. En concepto de sustitutos vienen obligados al pago, los propietarios o comunidades de propietarios de los inmuebles beneficiados por el servicio.

- En la tasa por suministro de agua en alta: los Ayuntamientos acogidos a este servicio supramunicipal, una vez suscrito el correspondiente Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba. En aquellos municipios en que EMPROACSA gestione el ciclo integral del agua, serán los titulares del suministro. En los restantes municipios, los obligados al pago de los suministros particulares en alta serán los ayuntamientos.

- En la tasa por depuración de aguas residuales, el desarrollo de las gestiones necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones de depuración: explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Bombeo de Agua Residual (E.B.A.R.s) y de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.s), así como su posterior vertido a cauce público: los Ayuntamientos acogidos a este Servicio Supramunicipal de Depuración de Aguas Residuales, tras haber suscrito el correspondiente Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba.

Artículo 4.- Sujetos Responsables.

Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, las personas o entidades previstos en la legislación vigente.

En la tasa por suministro en alta serán sujetos responsables solidarios de los obligados al pago contemplados en el artículo anterior, aquellas personas físicas, jurídicas o entidades sobre las que, en virtud de acuerdo municipal, haya recaído la gestión indirecta del abastecimiento domiciliario de agua de esa población, salvo que las condiciones de dicha gestión excluyan la obtención de los recursos hídricos necesarios.

En la tasa por depuración de aguas residuales serán sujetos responsables solidarios de los obligados al pago contemplados en el artículo anterior, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sobre las que, en virtud de acuerdo municipal, haya podido recaer la gestión indirecta de la depuración de aguas residuales o la recaudación correspondiente a la misma, así como los copartícipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas relacionadas en el mismo apartado y en proporción a sus respectivas participaciones en dichas Entidades.

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

Ningún obligado al pago estará exento, ni se le aplicará reducción o bonificación alguna por la prestación de los servicios objeto de esta Ordenanza, exceptuando lo previsto expresamente en la misma, normas con rango de ley o lo que pudiera derivarse de la aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

El importe de las tasas establecidas en esta Ordenanza se fijará teniendo en cuenta la autofinanciación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

La cuantía a pagar vendrá determinada por el resultado de aplicar de forma acumulada las tarifas por la prestación de los servicios, cuyo importe queda fijado en la siguiente forma, según lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Agua de Andalucía (Decreto 120/1991) y demás normativa vigente:

SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA:

CONCEPTO

TARIFAS AUTORIZADAS

IVA EXCLUIDO

CUOTA FIJA O DE SERVICIO

CALIBRE DEL CONTADOR EN mm.

Hasta 13 mm.

8,0228 €/trimestre

15 mm.

9,8180 €/trimestre

20 mm.

18,7384 €/trimestre

25 mm. y superior

29,4401 €/trimestre

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

Uso doméstico:

Bloque I: hasta 6 m3/trimestre: 0,5324 €/m3

Bloque II: más de 6 m3 hasta 30 m3/trimestre: 0,6692 €/m3

Bloque III: más de 30 m3 hasta 54 m3/trimestre: 1,0300 €/m3

Bloque IV: más de 54 m3/trimestre en adelante: 1,5740 €/m3

Uso industrial, comercial y otros:

Bloque I: hasta 36 m3/trimestre: 0,8285 €/m3

Bloque II: más de 36 m3 hasta 72 m3/trimestre: 1,0219 €/m3

Bloque III: más de 72 m3/trimestre en adelante: 0,8059 €/m3

Uso Organismos Oficiales:

Todo consumo: 0,8059 €/m3

Consumo excepcional por avería:

Consumos excepcionales: 0,2208 €/m3

Consumo excepcional por avería: En los casos en los que pudiera existir un consumo excepcional a consecuencia de una avería interior oculta en domicilios particulares, podrá solicitarse la aplicación de esta cuota variable en la liquidación de la tarifa concernida a los consumos superiores a la media anual del suministro del que se trate.

Las solicitudes para la aplicación de esta cuota variable deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio donde se encuentre ubicada la acometida particular, cumplimentando el modelo de solicitud confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos los datos que se manifiestan, firmada por el interesado y acompañada de los siguientes documentos:

- Informe de los Servicios Técnicos de EMPROACSA que certifique la existencia de una avería interior oculta, así como su reparación posterior.

- Informe de los Servicios Sociales Municipales que acredite que la unidad familiar censada en el mismo domicilio percibe ingresos que no superen en dos veces el salario mínimo interprofesional.

El Ayuntamiento, una vez constatada la idoneidad de la solicitud presentada, la trasladará a EMPROACSA, que, previa Resolución de la Presidencia del Consejo de Administración, procederá a aplicar dicha cuota variable a los consumos superiores a la media anual del suministro del que se trate.

Consumo excepcional por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica: En el caso de suministros afectados por daños extraordinarios por riadas o inundaciones ubicados en municipios declarados por la Administración General del Estado como afectados por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, podrá solicitarse por el obligado al pago la aplicación de un consumo estimado en la liquidación de la tarifa.

Para éstos se efectuará la liquidación con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior, de no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores.

En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al que se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de utilización mensual.

Las solicitudes para la aplicación de estos consumos estimados deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento del municipio donde se encuentre ubicada la acometida particular, cumplimentando el modelo de solicitud confeccionado al efecto, que deberá verificarse mediante informe de los Servicios Técnicos de EMPROACSA que certifique la existencia de daños por razón de inundaciones o riadas.

Derechos de Acometida

Parámetro A: 11,03 €/mm.

Parámetro B: 56,52 €/l x seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm.

Hasta 13 mm.: 25,39 €

15 mm.: 34,62 €

20 mm.: 57,70 €

25 mm. en adelante: 80,77 €

Fianzas

Calibre del contador en mm.

Hasta 13 mm.: 34,77 €

15 mm.: 49,09 €

20 mm.: 124,92 €

25 mm.: 245,33 €

30 mm.: 294,40 €

40 mm.: 392,53 €

50 mm.: 490,67 €

60 65 mm.: 637,87 €

80 mm.: 785,07 €

100 mm. y superior: 981,34 €

SANEAMIENTO DE AGUA:

CONCEPTO

TARIFAS AUTORIZADAS IVA EXCLUIDO

Saneamiento

Cuota fija o de servicio:

1,3672 €/abonado y trimestre

Cuota variable o de vertido:

0,1380 €/m3

CUOTA DE DEPURACIÓN Y/O VERTIDO:

Concepto.- Tarifas autorizadas IVA excluido.-

Cuota de depuración y/o vertido: 0,4525 €/ m3

Suplidos para verificación de contador

Si el usuario solicita la verificación del contador para su realización por el Organismo competente en materia de Industria, a través de laboratorio oficial o autorizado, se establecen los siguientes suplidos, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Para contadores de calibre igual o inferior a 20 mm.: 26,11€

Para contadores de calibre superior a 20 mm.: 35,09€

Se aplicará una reducción del 50% del precio del primer y segundo bloque de la cuota de consumo de uso doméstico, en su caso, considerada sobre la totalidad del consumo facturado en estos bloques, para los obligados al pago que sean jubilados, pensionistas, perceptores del salario social de solidaridad, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares donde al menos dos de sus miembros en edad de trabajar se encuentren en situación de desempleo, que cumplan con las siguientes condiciones que se especifican:

- Tener un único suministro a nombre de uno de los cónyuges, siendo éste el domicilio habitual.

- Que los ingresos anuales totales de los miembros que integran la unidad familiar no superen más de un 5% el indicador de rentas públicas con efectos múltiples (IPREM).

En el caso de familias numerosas deberán, además, cumplir lo siguiente:

- Estar en posesión del correspondiente título de familia numerosa.

La entidad gestora del servicio, propondrá el derecho de reducción mencionado, previa solicitud del interesado y aportación acreditativa en la que conste la condición de jubilado o pensionista, los ingresos anuales totales del beneficiario y cónyuge, la titularidad y uso de la vivienda (propiedad, usufructo, alquiler u otros) y la circunstancia de estar al corriente en el pago de la presente tarifa, aplicándose este beneficio en el recibo correspondiente. El impago de los recibos implicará la pérdida de la reducción aplicada. A la solicitud de la reducción, que se presentará ante el Ayuntamiento del municipio donde se encuentre ubicada la acometida particular, según modelo específico facilitado al efecto, deberá acompañarse la siguiente documentación:

- Fotocopia del N.I.F.

- Justificación de estar al corriente en el pago de la tarifa.

- Certificación de los Servicios Sociales Municipales que verifique la concurrencia de la condición de jubilado, pensionista o perceptor del salario social de solidaridad, o familia numerosa, -en su caso-, del empadronamiento de los miembros de la unidad familiar, titularidad y uso de la vivienda y de percepción de los ingresos máximos requeridos por unidad familiar.

La entidad gestora del servicio conocerá e informará las solicitudes que le sean remitidas por el Ayuntamiento respectivo, a los efectos de la concesión de las reducciones a los contribuyentes que reúnan las condiciones establecidas. Las mismas empezarán a aplicarse a partir de la siguiente liquidación que se produzca después de la resolución de concesión, pudiendo proponerse la revocación si de la práctica de las aclaraciones inspectoras se dedujera su improcedencia, con independencia de la derivación sancionadora.

El interesado que se beneficie del derecho de reducción, mantendrá esta situación durante tres años desde el siguiente a su solicitud, transcurridos los cuales, tendrá que volver a solicitar y justificar su situación, en los términos que se definan en la Ordenanza fiscal, pues de lo contrario se le liquidará la tarifa sin reducción alguna.

En el supuesto de concurrencia en un solo beneficiario de la totalidad de condiciones exigidas, sólo se aplicará una de las reducciones, no siendo acumulativas.

B) TASA POR SUMINISTRO EN ALTA.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de la aplicación de las tarifas por la prestación de los servicios, cuyo importe queda fijado de la siguiente forma:

a) Suministros a municipios, entidades locales autónomas y aldeas:

La tarifa aplicable por la prestación de este servicio supramunicipal se estructura según un modelo binómico, estableciéndose una cuota fija por habitante y trimestre, y una cuota variable en función del volumen suministrado.

Cuota fija o de servicio: 1,3822 € por habitante y trimestre

Cuota Variable: 0,2326 €/m3

Para la determinación de la cuota fija, se atenderá al padrón establecido en el último censo de población. En aquellos municipios en los que la cobertura del servicio abarque únicamente a determinados núcleos se tomará como referencia la población de dichos núcleos.

b) Suministros en alta:

Los suministros en alta son aquellos conectados a las arterias de transporte en alta, que abastecen a las restantes entidades singulares de población, núcleos, diseminados, cualesquiera otras agrupaciones, sin perjuicio de que se hallen organizadas y usuarios individuales. Estos suministros en alta, son diferentes por razones legales, técnicas y sanitarias de las acometidas en las conducciones viarias de las redes de baja municipales, reguladas éstas por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

La tarifa para los suministros particulares en alta estará constituida por una cuota variable en función del volumen suministrado.

Cuota Variable (para suministros en alta): 0,6111 €/m3

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el coste total de la aplicación de la tarifa a los ayuntamientos integrados en el Servicio Supramunicipal por la prestación de los servicios cuyo importe queda fijado según un modelo monómico, estableciéndose una cuota fija trimestral, según los siguientes importes:

Ayuntamiento de Cabra: 139.890,30 €

Ayuntamiento de Fernán Núñez: 58.958,10 €

Ayuntamiento de Carcabuey: 19.431,00 €

La totalidad de las tarifas estará sometida a los impuestos que correspondan en cada caso según aplicación de la normativa vigente, incluyendo otros tributos como el Canon de mejora contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía.

Artículo 7.- Devengo.

La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

El servicio se entiende iniciado cuando esté establecido y en funcionamiento en las viviendas, alojamientos o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tarifa.

La tarifa tiene naturaleza periódica y se devengará el primer día del período a liquidar que coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la prestación del servicio, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia por trimestres completos. Sin perjuicio de lo anterior, la tarifa se exigirá ordinariamente mediante liquidaciones trimestrales.

Prorrateo de la tarifa: Si entre la lectura anterior y la actual se produce un cambio de tarifa, en lugar de aplicar la nueva tarifa a todo el período de liquidación, se aplicarán tanto ésta como la anterior sobre su período de días correspondiente.

Los conceptos de cuota fija sólo se aplicarán en el tramo correspondiente al ejercicio/período del padrón de la liquidación. Si el alta del suministro se produce en el mismo período que se está liquidando, las cuotas fijas se prorratearían sobre el intervalo comprendido entre la fecha de alta del suministro y el final del trimestre de la liquidación.

Para cada uno de los tramos liquidados, los límites inferiores y superiores de los bloques de consumo variarán dependiendo del número efectivo de días liquidados para dichos tramos. El número de metros cúbicos del bloque que indica la tarifa se multiplicará por el coeficiente de escalado, obtenido como resultado de dividir el número de días liquidados entre el número de días del período, y por el número de viviendas del suministro, redondeando el resultado. Si al hacer este redondeo, la magnitud del bloque escalado resultara cero, se asignaría automáticamente al bloque escalado 1 metro cúbico. Los límites inferiores y superiores de cada bloque se calcularán en función de las nuevas magnitudes escaladas de dichos bloques, del siguiente modo:

- Límite inferior: Para el primer bloque siempre será 1. Para el resto, será una unidad más que el límite superior del bloque inmediatamente anterior.

- Límite superior: Será el límite inferior del bloque, calculado como se indica en el punto anterior, más la magnitud escalada de dicho bloque, menos una unidad. No habrá límite superior al bloque si antes de escalar tampoco lo había.

Avería en el equipo de medida: si fuera detectada una avería en el contador, éste deberá ser sustituido dentro del trimestre siguiente a la fecha de inspección que confirmara la avería. En consecuencia, los consumos estimados, que según lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, tienen el carácter de firmes, sólo podrán ser liquidados hasta la fecha de sustitución, no pudiendo exceder la misma del período indicado.

B) TASAS POR SUMINISTRO EN ALTA.

Los consumos se facturarán con periodicidad trimestral y las cuotas fijas se devengarán en fracciones proporcionales con dicha periodicidad de acuerdo con el procedimiento establecido y mediante el documento o recibo habilitado al efecto.

Con este mismo criterio a un municipio incorporado al Servicio Supramunicipal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le tarifará por cuota fija una cantidad proporcional al período de tiempo que resta para acabar el año.

C) TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La tasa se facturará con periodicidad trimestral de acuerdo al procedimiento regulado y mediante el documento o recibo habilitado al efecto.

Al municipio que pudiera incorporarse al Servicio Supramunicipal, una vez iniciado el ejercicio económico, se le tarifará por cuota fija una cantidad proporcional al período de tiempo que resta para acabar el año, de conformidad con el criterio fijado para el establecimiento de la tasa en los municipios incardinados en el Servicio Supramunicipal en el estudio económico de la presente Ordenanza.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

A) TASA DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL HIDRÁULICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA), como entidad gestora del servicio, será la encargada del mantenimiento del padrón de usuarios, control de consumos y demás procesos técnicos necesarios para la determinación de las facturaciones.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se entiende iniciado el servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores, los obligados al pago habrán de formalizar su inscripción en los correspondientes padrones, si es que no figuran en ellos, presentando la declaración de alta ante la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. De igual manera podrá formalizarse de oficio el alta de los beneficiarios del servicio, condicionándose el mantenimiento del mismo al abono de la liquidación correspondiente, salvo que se acredite el previo abono a la entidad suministradora anterior.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte, cualquier variación de los datos reflejados en los padrones, se llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, surtiendo efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se hayan detectado.

A partir de la fecha de integración en el servicio supramunicipal de gestión del ciclo integral hidráulico de un municipio se establece una moratoria de doce meses para la comunicación de los cambios de titularidad que podrán efectuarse sin coste alguno para los obligados al pago.

Se producirá la baja a solicitud del abonado o por los motivos contemplados en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía.

A los efectos de la aplicación de la tarifa progresiva por tramos incluida en el Canon de mejora de infraestructuras de la Comunidad Autónoma, contemplado en la Ley de Aguas de Andalucía, para la aplicación del tramo incrementado será requisito la solicitud del obligado al pago, dirigida a EMPROACSA, en la que deberá constar la acreditación del número de personas residentes en la vivienda mediante certificación expedida por el ayuntamiento correspondiente.

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.

Una vez liquidados las tarifas, corresponderá al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local las actuaciones necesarias para la realización de los ingresos de conformidad con los procedimientos regulados en la normativa general de la Diputación Provincial de Córdoba, sin perjuicio de la aplicación de las causas de suspensión de suministro enumeradas en el artículo 66 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, que serán plenamente aplicables, una vez verificada la existencia de las mismas, habiendo de procederse de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la citada norma.

Los recursos procedentes de estas tarifas quedan afectados a la financiación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA), por consiguiente, realizadas las anotaciones contables oportunas, la recaudación resultante se transferirá directamente a la misma.

B) TASAS DE SUMINISTRO EN ALTA Y DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA), aplicando la normativa vigente y utilizando los servicios y organismos de la Diputación Provincial creados al efecto, será la encargada del proceso técnico comprensivo de la liquidación, inspección y cobro de las tarifas reflejadas en la presente Ordenanza, correspondientes a estos Servicios supramunicipales-

Los Ayuntamientos que se beneficien de la prestación de estos servicios de carácter supramunicipal objeto de regulación en esta Ordenanza, vendrán obligados a abonar la liquidación correspondiente a la presentación del documento o recibo habilitado al efecto, expedido por EMPROACSA.

Cuando se conozca, ya sea de oficio, ya sea a instancia de parte, de cualquier variación de los datos de los Ayuntamientos obligados al pago que afecten a la facturación, se llevarán a cabo las modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración o se hayan conocido los nuevos datos.

El pago de las facturas se realizará en las oficinas de EMPROACSA o bien a través de las distintas entidades colaboradoras, exigiéndose el abono mediante el procedimiento legalmente establecido.

El pago deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día veinte del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días dieciséis y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el plazo, en los casos en el que el sujeto pasivo sea un ayuntamiento, la Excma. Diputación Provincial podrá iniciar sin más notificación, el procedimiento de compensación de aquellas deudas vencidas no liquidadas con cualquiera de los ingresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar al municipio.

En los de suministros en alta, en los que EMPROACSA gestione el ciclo integral del agua, y por tanto el sujeto pasivo es el titular del suministro, transcurrido el plazo de abono de los recibos, se procederá a suspender el suministro, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación vigente ampare.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la ley, así como a lo previsto en las ordenanzas y reglamentos de la Diputación Provincial de Córdoba.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las liquidaciones devengadas, ni las actuaciones previstas en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, en su caso.

El abono de la tarifa establecida en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la normativa legal vigente.

Artículo 10.- Derecho Supletorio.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Ordenamiento de Régimen Local, en especial el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el Reglamento General de Recaudación, la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba, y demás normativa de aplicación.

Disposición Final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013, una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia antes de esta fecha, y si no fuera así, el día siguiente al de esta publicación, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; de conformidad con lo que disponen los artículos 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Diputación Provincial establece la Tasa por la prestación de los servicios del Boletín Oficial de la Provincia, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias y 132 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho Imponible

A) Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios siguientes:

1. La inserción de disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos procedentes de las distintas Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, así como de los particulares y las resoluciones de inserción obligatoria.

2. La reproducción de la información de publicaciones oficiales comprensiva de fotocopias del boletín oficial y las hojas impresas desde la base de datos del BOP Córdoba.

B) En particular, y siempre que no estén recogidas dentro de las exenciones del artículo 6, están sujetas al pago de la tasa las siguientes publicaciones:

a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.

b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos.

c) Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.

d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados.

e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.

f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante.

g) Los anuncios que tengan contenido económico, a excepción de anuncios de aprobación de Presupuestos Locales, Modificaciones de crédito de los citados Presupuestos y Cuenta General, así como convocatorias de subvenciones o becas y anuncios de subvenciones concedidas.

h) Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.

Artículo 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por la prestación del servicio a que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.

Artículo 4. Responsables

Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas en los supuestos y con el alcance que señalan los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con la solicitud de publicación del anuncio, o en el acto de solicitar la reproducción de la información de las publicaciones oficiales detalladas en el artículo 2.

Artículo 6. Exenciones

1).- En la tasa por publicación de anuncios en el BOP Córdoba se reconocen, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 2.B), las siguientes exenciones:

a) La publicación de disposiciones y resoluciones de inserción obligatoria, siempre que no se publiquen a instancia de particulares.

b) Las citaciones para ser notificadas por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.

c) Los edictos y anuncios de juzgados y tribunales, cuando la inserción sea ordenada de oficio.

2).- En cualquier caso, toda persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que considere la inserción de su anuncio no sujeta, o exenta del pago de la tasa, o goce de algún beneficio fiscal, deberá hacerlo constar en la solicitud de inserción, con la indicación de la fundamentación en que se base.

La publicación del anuncio cuya exención o no sujeción se solicite, no implicará el reconocimiento de la misma, que se producirá por la resolución expresa o presunta, según la normativa vigente.

Artículo 7. Base Imponible

Determina la base imponible de la tasa:

1. En las publicaciones:

- La forma de presentación de los textos.

- La extensión del texto.

- El carácter ordinario o, urgente.

- Las características técnicas del original que puedan comportar las inserciones de carácter especial.

2. En la reproducción de la información contenida en el BOP Córdoba:

- La extensión de la documentación solicitada.

Artículo 8. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará en función de la naturaleza del servicio que se preste, aplicando las tarifas siguientes:

Inserciones de anuncios

Texto ordinario por palabra: 0,143 €

Texto urgente por palabra: 0,286 €

Tarifa mínima: 21,50 €

Gráfico ½ Din A4 ordinario: 65 €

Gráfico ½ Din A4 urgente: 130 €

La ocupación mínima de un gráfico será ½ Din A4.

En las inserciones que provengan de las Entidades Locales de la provincia de Córdoba que no estén exentas por Ley y cuyo coste tenga que soportar las mismas, se les aplicará:

a) Una bonificación del 10% del importe del anuncio, siempre que la inserción no sea repercutible a terceros.

b) Una bonificación del 10 % del importe del anuncio, cuando el anuncio a publicar se envíe a través del Registro Electrónico.

Reproducción de información del BOP Córdoba

Por cada hoja solicitada: 0,50€.

Artículo 9. Régimen de Liquidación e Ingreso de la tasa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se exigirá con carácter general por el procedimiento de autoliquidación, siendo previo su pago a la prestación del servicio.

Si, transcurridos tres meses desde la emisión de la autoliquidación, no se ha procedido al ingreso de la tasa, se anulará de oficio la solicitud de publicación y se devolverá el texto a publicar al remitente.

Se exceptúa del régimen de autoliquidación y del pago previo a la prestación del servicio aplicándose, por consiguiente, el procedimiento de liquidación de ingreso directo, en los siguientes supuestos:

a. En las publicaciones ordenadas por los Juzgados o Tribunales, cuando su coste sea repercutible a los interesados, de acuerdo con la normativa aplicable, una vez realizada la publicación, se comunicará al Juzgado o Tribunal el importe de la tasa correspondiente, solicitando que nos proporcione los datos personales necesarios para cumplimentar la liquidación, así como la inclusión de su importe en costas y su posterior ingreso a favor del BOP Córdoba.

b. Cuando así venga establecido en los convenios de colaboración que se celebren, en los términos previstos en el artículo 11 de esta Ordenanza.

c. Anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos celebrados con la Diputación de Córdoba.

Artículo 10. Forma de pago

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba, la función recaudatoria de la tasa corresponderá al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

Artículo 11. Formalización de convenios de colaboración

Para facilitar la liquidación y pago de la tasa, al amparo de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 5/2002, se podrá aprobar la suscripción de convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas así como con personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad profesional o mercantil legalmente autorizada, tramiten habitualmente la presentación, la gestión y el pago de publicaciones por cuenta de sus clientes o representantes.

En estos casos, se preverán las fechas en que periódicamente el Bop Córdoba realizará las liquidaciones correspondientes y estas deban ser abonadas, siguiéndose la vía de compensación/apremio para aquellas liquidaciones no ingresadas en el plazo previsto.

Artículo 12. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que les correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en la normativa por la que se desarrolla el procedimiento sancionador.

Artículo 13. Derecho supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba y demás normativa de aplicación.

Disposición derogatoria

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la anterior cuya redacción fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011.

Disposición final

Esta ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada definitivamente por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día uno de enero de dos mil trece, una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia antes de esta fecha y si no fuera así, el día siguiente al de esta publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA OBRAS O SERVICIOS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO VIARIO PROVINCIAL.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española de 1978 y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Diputación Provincial establece la Tasa por Autorizaciones y Permisos para Obras o Servicios que se realicen en la zona de protección del dominio público viario provincial, en los términos previstos en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 132 del citado Texto Refundido.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad provincial técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar y permitir obras y servicios en la zona de protección de las carreteras provinciales, de acuerdo a lo establecido en la ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, a cuyo efecto y conforme establece el artículo 53 de la expresada Ley se establecen las siguientes zonas:

a. De dominio público adyacente, que está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de tres metros de anchura, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.

b. De servidumbre legal, definida en el artículo 54 de la Ley 8/2001, de 12 de julio como aquella zona consistente en dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de ocho metros, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

c. De afección, delimitada en el artículo 55 de la misma ley por dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de veinticinco metros, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

d. De no edificación, que según el artículo 56 de la misma ley consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de veinticinco metros, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

En aquellos lugares en los que el borde exterior de la zona de no edificación quede dentro de las zonas de dominio público adyacente o de servidumbre legal, dicho borde coincidirá con el borde exterior de la zona de servidumbre legal.

2. A efectos de la presente Ordenanza Fiscal, se considera zona de protección del resto de vías de titularidad provincial las indicadas en el punto anterior.

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del expediente administrativo correspondiente.

Artículo 4º.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

En lo relativo a las exenciones, reducciones y bonificaciones, se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria correspondiente a las autorizaciones y permisos que se regulan en la presente Ordenanza, se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de ciento noventa y un euros con treinta y seis céntimos de euro (191,36 €).

Artículo 7º.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad provincial que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de admisión a trámite de la solicitud.

2.- Cuando las obras o servicios se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna autorización, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad provincial conducente a determinar si la obra o servicio en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o servicios o la demolición si no fueran autorizables, o del correspondiente expediente sancionador.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la autorización solicitada o por la concesión de esta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la autorización.

Artículo 8º.- Declaración.

1.- Las personas interesadas en la obtención de una autorización de obra o servicio presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, lugar de emplazamiento, mediciones y destino de la obra o servicio.

2.- Si después de formulada la solicitud se variase o ampliase la obra o servicio, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Provincial con el mismo detalle que se exigen en la declaración prevista en el número anterior.

3.- En el caso de que para la obra o servicio para la cual se pretendiera la/s autorización/es por una pluralidad de personas, se considere por la Diputación Provincial de Córdoba que ésta/s tiene/n un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, y se solicitasen o requiriesen todas ellas dentro del mismo objeto de actuación, guardando las distintas peticiones una íntima conexión, se podrá requerir a los interesados, en la forma establecida en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, para que éstas sean formuladas en una única solicitud, la cual deberá realizarse por la persona física o jurídica designada por los interesados o aquella que figure en primer término. Se exigirá una única Tasa para todos ellos a nombre del representante designado.

Artículo 9º.- Liquidación e ingreso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, correspondiendo las gestiones de cobro al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba.

La realización del ingreso será necesaria como requisito previo para la concesión de la autorización solicitada.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 11º.- Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo previsto en la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba y demás derecho concordante vigente o que pueda promulgarse.

Disposición Final

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada definitivamente por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012 entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia antes de esta fecha y si no fuera así, el día siguiente al de esta publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO DE ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO PROVINCIAL.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 142 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Diputación Provincial establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público viario de titularidad provincial

Artículo 2º.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de la zona de dominio público de las carreteras y caminos provinciales.

En el caso de las carreteras provinciales (CO-XXXX), de acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, se incluye en el dominio público viario la zona de dominio público adyacente, que está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas de tres metros de anchura, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.

En el caso de los caminos provinciales (CP-XX), y sólo a los efectos de la presente Ordenanza Fiscal, se considera zona de dominio público adyacente la definida en el párrafo anterior.

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las autorizaciones correspondientes o quienes se beneficien del aprovechamiento o uso, si se procedió sin autorización, de la ocupación temporal de la zona de dominio público o la utilización de conducciones provisionales de los elementos del dominio público viario (cunetas, paseos, zona de dominio, entre otros).

Artículo 4º.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

En lo relativo a las exenciones, reducciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza se determinará con arreglo a las siguientes tarifas:

- Ocupación de zona de dominio público de forma temporal: 0,300506 €/metro cuadrado y año o fracción inferior al año.

- Utilización de conducciones provisionales de los elementos de las carreteras (cunetas, paseos, zona de dominio): 0,300506 €/metro cuadrado.

2. Las Tasas y tarifas reguladas por esta Ordenanza son independientes y compatibles entre sí.

Las autorizaciones son personales e intransferibles.

La duración de las autorizaciones será establecida en la correspondiente Resolución.

3. De conformidad con lo establecido en el Art. 24.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos de destrucción en los bienes e instalaciones de la vía pública, los titulares de las autorizaciones o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de la reconstrucción y reparación, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados, y al depósito previo de su importe.

Artículo 7º.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que la solicitud de autorización es admitida a trámite.

En aquellos casos en que se proceda sin autorización, la Tasa se devenga en el momento en que se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público que constituye su hecho imponible.

Artículo 8º.- Declaración.

El sujeto pasivo interesado en obtener la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público definida en el hecho imponible, deberá solicitar previamente la correspondiente autorización y formular declaración en la que se hagan constar las características constitutivas del aprovechamiento, señalado en su caso, la superficie de ocupación del dominio público viario.

Artículo 9º.- Liquidación e Ingreso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se exigirá por el procedimiento de autoliquidación, correspondiendo las gestiones de cobro al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Una vez solicitada la licencia o autorización será necesario el ingreso previo para la concesión de la misma.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 11º.- Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo previsto en la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de derecho público de la Diputación Provincial de Córdoba y demás derecho concordante vigente o que pueda promulgarse.

Disposición Final

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada definitivamente por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013, una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia antes de esta fecha y si no fuera así, el día siguiente al de esta publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 28 de diciembre de 2012. La Presidenta, Fdo. Mª Luisa Ceballos Casas.

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

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